Bernat Solé niega en el juicio que organizara el referéndum del 1 de octubre en Agramunt

Arropado por una veintena de vecinos de Agramunt, el actual equipo de gobierno de esta localidad y políticos de todo el independentismo, el conseller de Exteriors, Bernat Solé, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para ser juzgado por un supuesto delito de desobediencia y negó que organizara el referéndum del 1-O en la localidad en la que hace 3 años era alcalde. Fiscalía mantuvo su petición de 24.000 euros de multa y un año y medio de inhabilitación. Esta es la segunda vez que lleva a juicio a un miembro del Govern para inhabilitarlo esta legislatura después de Quim Torra.

El fiscal basa su acusación en dos artículos de la revista local ‘Sió’ en los que se explicaba que Solé participó el 25 de septiembre de 2007 en un debate en el Casal Agramuntí en el que animó a votar y acudió el 1 de octubre a la escuela en la que se hacían las votaciones. Tanto Solé como los redactores de la revista reconocieron ayer en el juicio estos extremos. Sin embargo, Solé dijo que en el debate participó en calidad de miembro de ERC y de Junts pel Sí, no en calidad de alcalde, y explicó que estaba previsto que participara también un miembro de los comunes y la entonces diputada de la CUP Mireia Boya, que finalmente no acudió. Para acreditar que no actuó como alcalde, sino en representación de su partido, Solé hizo notar ayer que no se había invitado a ningun miembro del ayuntamiento de Agramunt. Y en relación a su presencia en la escuela Macià Companys el día de la votación, el conseller dijo que acudió para pedir a los presentes que no se resistieran si acudían los antidisurbios, como ya había ocurrido en otras localidades, y para solicitar que no se guardaran las urnas en el falso techo de los lavabos del colegio, como se había previsto, para evitar daños en el centro. Finalmente las urnas se ocultaron varias veces durante el día en domicilios cercanos.

Se abrió causas a decenas de alcaldes de Lleida y solo siguen abiertos los casos de Alcarràs y Agramunt

El abogado de Solé, el leridano Simeó Miquel, destacó, entre otras cosas, que el Tribunal Supremo ya ha establecido la responsabilidad de la Generalitat en la utilización de las escuelas para las votaciones a pesar de que estas sean de titularidad municipal, como es el caso de la de Agramunt, ya que la gestión de los centros corresponde al Executiu. También aludió a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Josep Lluís Trapero en la que se afirma que el major de los Mossos hizo lo que tenía que hacer para evitar incidentes.

El fiscal, por el contrario, mantuvo su acusación y sus peticiones de pena. En su momento la Fiscalía abrió causas contra unos 700 alcaldes en Catalunya. Solo 11 siguen abiertas. En Lleida dos: la de Solé y la de Miquel Serra, excalcalde de Alcarràs, quien ayer dijo a este diario que han señalado el juicio para el próximo 22 de junio. A Serra también se le acusa en otra causa de no retirar pancartas durante una campaña electoral.

El independentismo presenta su propuesta de ley de amnistía

ERC, JxCat y la CUP registrarán la propuesta de ley de amnistía en el Congreso el próximo 15 de marzo, tras las elecciones catalanas del 14-F. En un acto conjunto entre partidos independentistas, entidades y sociedad civil, explicaron ayer que la ley que impulsarán no quiere pedir “perdón” para una categoría de delitos sino que reclama que se “corrija una injusticia”. La portavoz de JxCat, Laura Borràs, reclamó corregir “la sesgada intervención” de la justicia en una cuestión política. La de ERC, Marta Vilalta, defendió que la amnistía es el “primer paso” para desjudicializar la política y dibujar una solución democrática. Y la de la CUP, Natàlia Sàmchez, se mostró satisfecha con el “compromiso amplio” del soberanismo con la amnistía.

La propuesta tiene seis artículos. La iniciativa amnistía “todos los actos de intencionalidad política” tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa efectuados desde el 1 de enero de 2013 hasta la entrada en vigor de la norma.