Investigan a la residencia de Tremp por 61 presuntos homicidios imprudentes

La Fiscalía investiga si los responsables de la residencia Fiella de Tremp han cometido 61 delitos de homicidio imprudente por la muerte de otros tantos residentes por Covid. También indaga un posible delito contra la seguridad de los trabajadores. Además, un juez sigue investigando a la Llar de Sant Josep de Lleida, donde murieron 36 residentes.

La Fiscalía de Lleida abrió ayer diligencias de investigación penal contra la dirección de la residencia de la Fundació Fiella de Tremp por 61 presuntos delitos de homicidio por imprudencia por la muerte de otros tantos residentes por Covid (un 42% del total). También investiga un supuesto delito contra los trabajadores por los contagios de 42 de los 65 trabajadores. Ayer se notificó el deceso de otro de los usuarios, que estaba hospitalizado. El Ministerio Público recibió el lunes el informe del departamento de Salud, que pone de relieve “importantes déficits organizativos” que constituyen un indicio de hasta 61 posibles delitos de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad en el trabajo. Por ese motivo, se ha nombrado un fiscal instructor y se ha incoado diligencias de investigación penal para averiguar las posibles responsabilidades de la dirección del centro ante los 61 decesos, que el Ministerio Público califica como una “cifra totalmente extraordinaria en relación con lo ocurrido en otras residencias”. Asimismo, ha pedido a los Mossos d’Esquadra que se hagan cargo de la diferentes diligencias para determinar si en el geriátrico se siguieron los protocolos y había los equipos de protección (EPI) adecuados para los empleados. La residencia Fiella no tiene ahora ningún contagiado, aunque quedan positivos fuera de la residencia, y también lo es aún parte de la plantilla. Esta semana se decidirá si la empresa pública GSS sigue gestionando el centro.

Por otra parte, el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida sigue investigando la Llar de Sant Josep de la capital leridana, donde fallecieron 36 de los 89 residentes en la primera ola. El magistrado ha citado a declarar como testigos a los familiares de los usuarios que se querellaron contra la dirección del centro. Será en marzo y están representados por el letrado Xavier Prats. También ha pedido al CAP Primer de Maig que informe si negó o no la atención sanitaria a la residencia. La exdirectora del geriátrico, imputada, dijo que pidió ayuda al CAP pero los médicos no acudieron.