Más de 1.500 multas en solo un mes por vulnerar las normas anti-Covid

Los Mossos d’Esquadra han levantado más de 1.500 actas de sanción en las comarcas leridanas desde que en noviembre entraron en vigor las nuevas restricciones a causa de la pandemia por la Covid-19. Según una respuesta parlamentaria, la conselleria de Interior apunta a que la Policía catalana ha impuesto un total de 1.515 multas solo en el mes de noviembre en las regiones policiales de Ponent y del Pirineo. El repunte de las sanciones es muy significativo en todas las zonas desde el inicio del toque de queda nocturno y de las restricciones de movilidad fuera del municipio durante los fines de semana, que ahora se limita a la comarca. En el caso del Segrià, Les Garrigues y el Pla d’Urgell, las sanciones se han disparado en el mes de noviembre, con un total de 831 frente a las 174 de octubre, por lo que prácticamente se han quintuplicado. Un repunte que también se ha producido en la Segarra y el Urgell, con 134 sanciones en noviembre, seis veces más que las impuestas en octubre, que fueron 21; la Noguera, con 85 (34 en octubre) y el Alt Urgell, con 82 multas (20 en octubre). En la Val d’Aran y la Alta Ribagorça, las sanciones se han multiplicado por 13 en el mes de noviembre, con un total de 159 multas frente a la docena que se impusieron un mes antes.

Según el balance que hace la conselleria de Interior, entre el 19 de junio y el 30 de noviembre, los Mossos d’Esquadra levantaron un total de 31.078 actas de denuncia por infracción de las restricciones anti-Covid que han sido notificadas al departamento de Salud, que debe gestionar los expedientes sancionadores de las infracciones graves. En el caso de las leves, como no llevar mascarilla o incumplir el toque de queda, la mayoría de las sanciones las imponen las policías locales y se tramitan desde los ayuntamientos, como en Lleida ciudad. Desde junio, los Mossos han impuesto un total de 2.423 multas en las comarcas leridanas.

Nuevo programa para tramitar los expedientes sancionadores

El Govern aprobó ayer el programa para la tramitación y gestión de los expedientes sancionadores en materia de salud pública relacionados con las medidas de prevención y contención del coronavirus, para el que contratará a 298 personas. El programa durará un año prorrogable hasta tres, se financiará con lo recaudado con las mismas sanciones a parte de los “fondos Covid-19” y su objetivo es tramitar expedientes derivados del régimen sancionador específico por el incumplimiento de estas medidas. De las 298 contrataciones, 130 plazas serán del cuerpo superior de la Admnistración y 163 del cuerpo administrativo, que se encargarán de tramitar los expedientes sancionadores, y también se contratará a dos graduados en Derecho que actuarán como “referentes técnicos jurídicos y orientarán al personal técnico superior”. Según el último balance, solo se han tramitado el 6% de las multas.