La Fiscalía cree que la excúpula de Adesma estafó a 31 residentes

La querella que ha presentado la Fiscalía contra la excúpula de la Adesma Fundació Privada afirma que hay 31 residentes tutelados a los que supuestamente habrían estafado, y el valor total ascendería a 875.142 euros. Por su parte, el actual patronato de Adesma señaló que los anteriores gestores se habrían apropiado de otros 800.000 euros de la entidad a través de facturas falsas y contratos irregulares. Es decir, un presunto fraude de más de 1,6 millones de euros.

La Fiscalía se ha querellado contra A.R.D., presidente de la fundación desde el año 1995 hasta diciembre de 2018; su hermano R.R.D., que fue tesorero hasta diciembre de 2018, y sus respectivas esposas: M.C.F., que llegó a ser vocal de la entidad, y N.A.S., como avanzó SEGRE ayer. Javier Castán, actual presidente de Adesma, explicó que desde que se pusieron al frente de la fundación, en diciembre de 2018, han intentado “poner en orden” toda la actividad y en estos momentos la entidad está “saneada”. Añadió que hacen lo posible para restablecer el dinero a los afectados y pidieron un crédito de 200.000 euros para resarcir a tutelados de los ejercicios 2017 y 2018. Por su parte, el abogado de la fundación, Jaume Liñan, explicó que descubrieron contabilidades ficticias que beneficiaban a sociedades vinculadas a la anterior dirección y a sus familiares. También habría apropiaciones de fondos bancarios de tutelados, colaboraciones con una empresa familiar de los investigados con compras ficticias y adquisición de vehículos a nombre de Adesma para usos particulares.

Los investigados demandan a la actual dirección

Los cuatro querellados, por su parte, han emprendido acciones legales contra el actual presidente y otro miembro de la dirección de la fundación. Aseguran que han sido víctimas de maniobras para que estos últimos se quedaran con la propiedad de Adesma, según dijeron ayer a este diario fuentes próximas a la familia y conocedoras del caso.

Adesma Fundació Privada fue fundada en el año 1993 por los dos hermanos ahora investigados, entre otras personas, y es una entidad de referencia en el sector de la atención a las personas mayores y las personas dependientes o con discapacidades. Su nombre significa Associació Demència Senil i Malaltia d’Alzheimer, y actualmente da trabajo a 80 personas. Cuenta con dos residencias en la ciudad de Lleida: Sant Antoni de Pàdua y La Bordeta, con un total de 110 plazas residenciales y 50 de centro de día. También ejerce la función tutelar de unas sesenta personas. Es una entidad privada sin ánimo de lucro inscrita en el Registre de Fundación del departamento de Justicia. El geriátrico de Sant Antoni de Pàdua tiene 89 plazas residenciales y 30 de centro de día y se inauguró en octubre de 2003. El centro de día de La Bordeta se puso en marcha en octubre de 1993. Además, en 1999 fue declarada entidad tutelar por la Generalitat.