Condenados por tráfico de drogas y armas en varios pueblos de Lleida

El Tribunal Supremo ha condenado a penas que van desde el año y siete meses a los más de 8 años de prisión para un grupo criminal dedicado a la producción, venta y distribución de marihuana y de armas que tenía una ramificación en Ponent, con detenidos en una decena de municipios leridanos. El alto tribunal rechaza los recursos planteados por algunos de los 40 condenados por la Audiencia de Valencia en un macrojuicio que se celebró en septiembre de 2018. Veintidós de los acusados eran originarios de El Poal, Golmés, Bellvís, Menàrguens, Bellpuig, Linyola, El Palau d’Anglesola, Vilanova de Bellpuig, Alpicat y Lleida ciudad. Una docena de ellos fueron condenados por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Todos los acusados fueron detenidos a principios de abril de 2016 en una amplia operación de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en la que se practicaron un total de 17 registros en esta decena de localidades leridanas. La red tenía ramificaciones en la Costa del Sol y Lleida y, según constata la sentencia, la base de operaciones en Ponent era una casa de El Poal, donde vivía uno de los cabecillas, en la que se “organizaban reuniones y se germinaban los planes delictivos”.

Según la sentencia, los componentes de la organización criminal se dedicaban principalmente al tráfico de armas (elaboración y venta) y se habllaban integrados principalmente por individuos de nacioanalidad lituana, quienes, en algunos casos, se identificaban con documentos falsos. La organización criminal adquiría grandes cantidades de cannabis de la rama catalana de la red, como en la localidad de Mollerussa, donde poseían un centro de producción propio. Para poder producir marihuana a gran escala y no levantar sospechas, señala el Supremo, por el gran consumo de electricidad que conlleva dichas plantaciones y con ánimo de defraudar fluido eléctrico, la organización hacía enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en algunos casos.

Transportaban la mercancía a países europeos como Lituania

El tribunal considera probado que los condenados formaban parte de una organización criminal perfectamente estructurada y bajo las órdenes de un jefe máximo. Se dedicaban a la intermediación, producción, adquisición, venta y transporte de grandes cantidades de marihuana, cocaína, hachís, anfetaminas y armas de fuego. Según la sentencia, los acusados adquirían las sustancias en España para distribuirlas posteriormente a otros países europeos por carretera, la inmensa mayoría en Lituania. La organización tenía ramificaciones en varias provincias como Lleida, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, desde donde “ejecutaban las órdenes de su jefe máximo”. También hay condenados de blanqueo de capitales y evasión fiscal por usar empresas tapadera.

En la vivienda de El Poal, los investigadores decomisaron marihuana valorada en más de 31.000 euros, así como pistolas, munición y un arsenal de bayonetas.