TRIBUNALES BALANCE
La pandemia agrava el colapso judicial, con 24.300 casos pendientes
El incremento se atribuye al bajón de actividad en el Canyeret por el estado de alarma|| Se tramitaron el año pasado 43.502 casos, frente a los 50.533 de 2019
Vistas del edificio de la Audiencia de Lleida, en el Canyeret.
Los juzgados leridanos ingresaron el año pasado un 13,9% menos de casos debido al parón de la actividad judicial durante los meses del estado de alarma por la Covid-19. Según el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales de la provincia de Lleida tramitaron 43.502 asuntos −en 2019 fueron 50.533−, de los cuales más de la mitad pertenecían al ámbito penal y un 43% al civil.
Y es que la pandemia motivó en marzo la suspensión de la mayoría de plazos procesales, salvo las guardias y los procedimientos civiles y penales de urgencia. Pese al descenso en el número de casos nuevos, el colapso judicial se refleja en la lista de espera: los tribunales leridanos finalizaron el año con 24.387 asuntos pendientes, una cifra que supone un 14% más respecto al número de litigios sin resolver del 2019.
El 56% de estos casos que siguen en trámite son del ámbito civil, seguidos de los asuntos penales (8.168). .
Si se comparan los datos con los de ejercicios anteriores, el informe revela que el estricto confinamiento domiciliario provocado por la pandemia invirtió la tendencia al alza registrada en la actividad judicial hasta el 2019, cuando hubo un incremento del 11% de los asuntos judiciales.
La crisis sanitaria obligó a suspender la mayoría de plazos procesales, salvo los procedimientos de urgencia
En cuanto a las sentencias, el año pasado se registraron un total de 9.094 en el conjunto de los órganos judiciales de la provincia, de las cuales 4.669 en la jurisdicción civil, más de 3.600 en la penal, 630 en la contenciosa administrativa y 192 en la social. En el conjunto del Estado, entraron en los órganos judiciales 5.526.754 asuntos, un doce por ciento menos que el año anterior.
En cuanto a la tasa de litigios por cada mil habitantes, fue de 116,5, siendo las Islas Canarias (154,1) y Andalucía (128,3) las comunidades que se sitúan a la cabeza. En el otro extremo, el País Vasco y La Rioja muestran las tasas más bajas de actividad judicial, con una tasa del 85,5 y un 80,5, respectivamente.
Habilitar agosto fue una medida “absurda”, según la abogacía ? El Consejo de Ministros aprobó en abril un paquete de medidas para aliviar el colapso en los juzgados una vez recuperen la normalidad tras el confinamiento, entre las que se incluyó la habilitación “de forma parcial” del mes de agosto. Fue la medida más polémica del plan de choque del gobierno.
De hecho, los jueces, en la práctica, la desoyeron, ya que el CGPJ recomendó concentrar como siempre las vacaciones en agosto. El decano del Colegio de la Abogacía en Lleida, Jordi Albareda, dijo a principios de agosto a SEGRE que habilitar ese mes era “una medida absurda, ya que si la mayoría de jueces y personal de la administración están de vacaciones, no avanzaremos y la abogacía tendrá que permanecer activa ante la incerteza de que se puedan abrir nuevos plazos procesales”.
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