El Segrià recurre la sentencia que tumba la adjudicación del vertedero

El Consorcio de Residuos del Segrià descartó ayer parar las obras de ampliación del vertedero y acordó por unanimidad del pleno recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anula la adjudicación de los trabajos y de la gestión del centro durante 10 años, prorrogables a otros 10. El fallo determinó además que el Consorcio debía adjudicar el concurso (encargado en 2017 a la UTE Romero Polo y Valoriza) al recurrente: FCC y Arnó.

El Consorcio descartó por ahora este extremo y recurrirá en casación ante el Supremo. En un comunicado, este organismo, formado por representantes del consell del Segrià, del ayuntamiento de Lleida y de la Agència de Residus de Catalunya, defendió que la mesa de contratación se ajustó al pliego de cláusulas del concurso y recordó que la valoración de las proposiciones se llevó a cabo por funcionarios “con plena imparcialidad y objetividad, sin ánimo de favorecer o perjudicar a ninguno de los licitadores”.

El presidente del consell, David Masot, recordó también que la adjudicación fue avalada por el Tribunal Català de Contractes Públics (cuya resolución ha sido también anulada por el Superior de Justicia). Las obras de ampliación del vertedero finalizarán previsiblemente a finales de verano, mientras que el recurso al Supremo puede tardar meses en tramitarse. Romero Polo y Valoriza, a su vez, tienen intención también de presentar un recurso contra el fallo.

El concurso del vertedero se valoró inicialmente en 122 millones. Las obras se ajudicaron por 14 y el coste de gestión de la basura en los primeros diez años se estimó en unos 25,7. Masot descartó ayer que se alcance la cifra total de 122 millones.

FCC y Arnó ya valoran los daños para pedir una compensación La UTE formada por FCC y Arnó, a la que el TSJC ha dado la razón, advirtió el lunes que la adjudicación en 2017 de la gestión y la ampliación del vertedero a la otra UTE ha generado y “sigue generando” unos “incuestionables daños” que “deberán ser objeto de la correspondiente compensación”. Por ello, pidió al Consorcio que inste a Romero Polo y Valoriza a “dejar de ejecutar el contrato”, algo que el Consorcio rechaza mientras presenta el recurso de casación ante el Supremo.