El Estado pone en marcha el proceso para poner fin a 4 décadas de peaje en la AP-2

El Estado ha puesto en marcha el proceso para poner fin a más de cuatro décadas de peajes en la AP-2. El ministerio de Transportes ha sacado a concurso la gestión de la autopista a partir de septiembre, una vez expire la concesión en manos de Abertis. El el tramo leridano tiene un presupuesto inicial de 15 millones, aunque el valor de la contratación se estima en más de 54 millones (como avanzó SEGRE el pasado 31 de marzo). La empresa adjudicataria será la encargada de demoler los puntos de peaje de Lleida ciudad, Soses, Les Borges Blanques y L’Albi.

Las cláusulas de la licitación contemplan también otras obras, como retirar los actuales postes de socorro a lo largo del trazado de la AP-2 e instalar dos nuevas estaciones de aforo para contar los vehículos que circulen por el tramo leridano, entre otras. A estas reformas, se sumarán las tareas de conservación y mantenimiento de la autovía y sus accesos que hasta ahora han recaído sobre la concesionaria. La adjudicataria del concurso tendrá también que explotar las áreas de servicio de Lleida y Les Borges Blanques, y pagar por ello al Estado un canon de más de un millón de euros al año.

El ministerio de Transportes recibirá ofertas para la explotación y mantenimiento de la AP-2 en Lleida y el resto de tramos de la autopista hasta el día 2 de junio. A partir de entonces, el proceso de evaluación para adjudicar estos contratos se prolongará al menos hasta el mes de julio. La concesión todavía en vigor expirará el 31 de agosto, y el fin del peaje a partir del 1 de septiembre tendrá numerosas e importantes consecuencias para las comarcas leridanas.

La autopista sin peaje es la piedra angular de los planes del Gobierno para mejorar la seguridad en el eje viario de la carretera N-240, una vez descartado que la autovía A-27 en Tarragona se prolongue hasta Lleida (ver claves). Para los 16 municipios leridanos en el trazado de la autopista, el fin del peaje supondrá la posibilidad de mejorar de forma sustancial su movilidad, al disponer de una vía rápida de uso gratuito. Sin embargo, los ayuntamientos también dejarán de ingresar los 1,3 millones anuales que la concesionaria había pagado en los últimos años en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI), como resultado de un largo litigio.