Los municipios de la AP-2 se unen para exigir compensaciones por la pérdida del IBI

Los dieciséis ayuntamientos del Segrià y Les Garrigues afectados por la merma de ingresos que supondrá dejar de cobrar el IBI por la eliminación del peaje de la autopista AP-2 el 1 de septiembre acordaron ayer unirse para reclamar conjuntamente compensaciones al Estado. El Gobierno central ya avanzó que una vez que la concesionaria Abertis devuelva la autopista a la Administración central al finalizar la concesión no prevé pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles de los 215 kilómetros de la autopista del Mediterráneo entre Alfajarín y El Vendrell ni los otros más de 200 de la AP-7.

En el caso de Lleida, son más de 60 kilómetros que suponían hasta ahora 1,3 millones de euros de ingresos anuales para los 16 municipios. Este 2021 será el último ejercicio que cobren, y lo harán solo parcialmente (de enero a agosto).

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, avanzó ayer que constituirán una asociación de municipios afectados por la pérdida de ingresos “de hasta un 20% del total, en algún caso”. Añadió que pedirán un informe jurídico para analizar las opciones para reclamar compensaciones y dijo que se reunirán de nuevo en dos semanas.

La asociación de afectados se impulsa desde Lleida pero está abierta al resto de municipios afectados en Catalunya. El ayuntamiento de la capital señaló en un comunicado que se invitará a formar parte de la asociación a un centenar más de ayuntamientos, tanto de la AP-2 como de la AP-7 y de otras autopistas de peaje propiedad de la Generalitat situadas en el área metropolitana.

La Paeria dijo también que en dos semanas debatirán las medidas y las acciones políticas que llevarán a cabo ante el Gobierno y la Generalitat para cumplir su objetivo.

Invitarán a un centenar de consistorios catalanes a unirse a la reclamación por varias autopistas

La alcaldesa de Aitona descartó que el Estado se avenga a pagar ningún tipo de impuesto, pero dijo que podrían obtener compensaciones como las que el Gobierno habilitó tras la reforma del Impuesto de Actividades Económicas en 2003, cuando dejaron de pagarlo las empresas que facturan menos de un millón de euros al año.

El IBI de la AP-2 es, de hecho, un bien inmueble de características especiales (BICE) y la concesionaria Abertis lo paga desde 2017, cuando dejó de aplicarse una bonificación histórica sobre el impuesto del 95%. Anteriormente solo se abonaba el 5% del impuesto y los ayuntamientos reclamaban cobrar la totalidad desde hacía años.

Castelldans y L’Albi, los más afectados por el fin del peaje

L’Albi y Castelldans, con 7,526 y 7,431 kilómetros de autopista en sus términos municipales, son los ayuntamietnos más afectados ya que actualmente ingresan por el IBI de la AP-2 cerca de 160.000 euros al año. Les siguen Les Borges (146.485 euros); Soses (126.552 euros); Torres de Segre (118.208 euros); Aitona (76.024 euros); Vinaixa (75.560 euros); Artesa de Lleida (63.507 euros); Tarrés (54.700 euros); Alfés (49.208 euros); Lleida (47.283 euros); Albatàrrec (47.283 euros); Juneda (46.819 euros); Puigverd de Lleida (37.548 euros); Sudanell (32.449 euros) y Montoliude Lleida (25.959 euros).

Además, La concesionaria paga IBI por las áreas de servicio de Alfés (29.269 euros) y Les Borges Blanques (6.727 euros). El ministerio de Transportes ya anunció hace unas semanas que no preveía abonar el IBI.

El Estado está exento de su pago en buena parte de los bienes de que es titular.