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El Estado prevé en 2024 el pago en autovías y autopistas, 3 años después de liberar la AP-2
Según el plan de recuperación económica que el Gobierno ha presentado ante la UE || El sistema que empleará está por decidir y el Ejecutivo español buscará acuerdos con la Generalitat y los transportistas
Colas de vehículos ayer por las obras de la A-2 entre las salidas de Torrefarrera y Corbins.
El Gobierno español prevé implantar en 2024 el pago por circular por las autovías y las autopistas que para entonces estén libres de peaje. Esta medida consta en el plan que el Ejecutivo ha presentado ante la UE para solicitar fondos comunitarios de recuperación ante la pandemia. Este documento afirma que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento”. Su aplicación está prevista tres años después de que expire la concesión de la AP-2 y se levante el peaje, el próximo día 1 de septiembre. En Lleida, afectaría a esta infraestructura y a las autovías A-2, A-22 y A-14.
El sistema de pago por circular por autovías y autopistas está todavía por determinar. El pasado mes de abril el Gobierno apuntaba a la viñeta, un método que se aplica en diferentes países europeos y que la Generalitat plantea también para su propia red de carreteras. En todo caso, parece improbable que se implante un sistema de peajes como el que funciona en la AP-2. Precisamente, el concurso que el ministerio de Transportes convocó en abril para el mantenimiento y la explotación de esta autopista exige que la adjudicataria derribe los actuales puntos de peaje (como avanzó SEGRE el 24 de abril).
El plan abre la puerta a que carreteras convencionales puedan también ser de pago en el futuro
El pago por circular deberá ir precedido de una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre la conveniencia de esta medida. Asimismo, el Gobierno buscará acuerdos con las comunidades autónomas para aplicarlo de forma conjunta en las carreteras de las diferentes administraciones. También buscará consenso con sectores afectados como los transportistas. El plan puntualiza que pretenden establecer las “condiciones normativas necesarias” para que el pago lo asuma quien contrata el servicio de transporte y no el transportista.
El Gobierno señala que el sistema podría ser “escalable y progresivo”, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad y que se extienda de forma progresiva a otras. Esto abre la puerta a que otras carreteras puedan ser de peaje. El plan justifica esta medida por un déficit que cifra en 8.000 millones en la conservación de la red viaria de toda España. “Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros, de los que 12.000 son de alta capacidad, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, afirma el texto.
