TRIBUNALES INVESTIGACIÓN
Fiscalía pide
Le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa por hacer decenas de contrataciones 'a dedo' || Ibarz defiende que se actuó correctamente
Los Mossos registraron el ayuntamiento el 15 de noviembre de 2016.
La Fiscalía solicita una condena de diez años de inhabilitación para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier cargo electo para el alcalde del Almacelles, Josep Ibarz (JxC), al que acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, según ha podido saber este periódico. El juicio se celebrará en breve en la Audiencia de Lleida.
El Ministerio Público acusa a Ibarz, que lleva en el cargo desde el año 2003, de contratar irregularmente a personas afines sin haber efectuado “ni una sola oferta pública de empleo”. Una plantilla, siempre según la versión de la Fiscalía, que pasó de 63 personas en 2003 a 123 en 2016.
El Ministerio Público acusa al primer edil de no haber convocado ningún concurso público entre 2005 y 2017, cuando se presentó la querella y durante estos años “se ha llevado a cabo dicha contratación de forma totalmente arbitraria en la mayoría de ocasiones, siendo nombramientos efectuados únicamente por decreto de urgencia por el acusado”. Fiscalía añade que Ibarz “ha ido conformando la plantilla de la corporación local atendiendo a su personal criterio por razones de amistad, proximidad al partido político o lazos familiares”.
Entre el personal que se habría contratado a través de este sistema se encuentran el secretario, interventor, arquitecto técnico o diseñador, entre otros. Uno de los más graves, según Fiscalía, fue el de un policía local que “ni tan siquiera tenía los estudios necesarios de graduado escolar”.
La acusación pública lo resume diciendo que el acusado optó “por la contratación directa de vecinos, amigos, familiares, en un círculo que conformaba una red de clientelismo político para el favorecimiento de sus intereses electorales”. .
No obstante, Ibarz aseguró ayer que “las contrataciones se hicieron con garantías y controles”. También añadió que “intentaré esclarecerlo” y dijo “confiar en la justicia”.
Querella en 2016 tras la denuncia que hizo una concejala de ICV
El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando los Mossos registraron el consistorio tras la querella de Fiscalía a raíz de la denuncia un año antes de la concejala de Almacelles Lliure (ICV), Laia Martí. Las sospechas se centraron en la contratación “irregular y arbitraria” de un total de 37 trabajadores del consistorio.
La Fiscalía se querelló contra Josep Ibarz por un presunto delito de prevaricación por ‘contrataciones a dedo’. El Ministerio Público lo vio así en su momento y ahora lo lleva a juicio al considerar que el primer edil “ha ido conformando la plantilla del ayuntamiento de Almacelles atendiendo a su solo criterio, aun sabiendo que debía convocar públicamente las plazas”.
Posteriormente, en marzo de 2019, hubo un nuevo registro en el consistorio, esta vez a cargo de la Guardia Civil. En este caso, sobre el supuesto fraude en la contratación de obra pública.
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