Desalojados de Sant Isidori de Mollerussa, 'asfixiados' por hipotecas de pisos que tirarán

Vecinos de los bloques Sant Isidori de Mollerussa se ven abocados a la asfixia económica al tener que pagar dos viviendas al mismo tiempo. Pagan desde hace años las hipotecas de pisos que compraron en estos edificios, ahora en proceso de demolición. Tras el desalojo, deberán abonar también el alquiler de los pisos sociales que les ofrece la Generalitat. En esta situación están alrededor de una decena de personas y familias, muchas en situación de vulnerabilidad, según fuentes próximas al proceso de realojamiento.

La Generalitat se comprometió hace tres años a mediar entre los bancos y los vecinos con hipotecas sobre pisos en Sant Isidori, y precisó que lo haría a través de Ofideute, un servicio de asesoramiento y mediación en materia hipotecaria. Así lo confirmaron afectados y el ayuntamiento de Mollerussa.

El alcalde, Marc Solsona (PDeCAT), explicó que el consistorio se mantiene en contacto con el Incasòl, que lleva a cabo el derribo de los bloques; y con la Agència de l’Habitatge de la Generalitat, resposable de realojar a sus habitantes. Indicó que este último organismo les comunicó que “ha tramitado cada caso ante Ofideute, pero todavía no hay resolución”.

Este diario intentó recabar la versión de la Agència de l’Habitatge..

Tras la declaración de ruina de los bloques, uno ha sido demolido y el derribo del segundo se iniciará en breve. Al menos una familia realojada paga desde hace meses el alquiler de una vivienda social y la hipoteca de su piso a la espera de que lo derriben. Es un matrimonio con hijos que negoció prolongar el crédito para rebajar la cuota.

Otro afectado, Francisco Consuelo, pensionista de 88 años que vive desde 2001 en Sant Isidori, está a la espera de instalarse en una vivienda social tras firmar el alquiler esta semana. Calcula que hacer frente a este gasto y la hipoteca le supondrá “ir muy justo”. “Presentamos los papeles que nos pidieron pero el banco no nos quita la hipoteca”, explica. Una situación similar es la de Mariam Bouwa y su hermano. Ambos de origen saharaui, se instalaron en 2002 en los bloques y no han firmado todavía el contrato alquiler que ofrece la Generalitat. Temen no poder pagarlo. “No tenemos dinero suficiente si hay que liquidar también la hipoteca”, explica Mariam.