Mossos y un exsecretario relatan en el juicio “irregularidades” en contratos en Almacelles

Mossos d’esquadra y un exsecretario del ayuntamiento de Almacelles dijeron ayer en sede judicial que había “irregularidades” en las contrataciones que hacía el consistorio. Así lo señalaron en la primera jornada del juicio que acoge esta semana el juzgado de lo Penal 1 de Lleida contra el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, que se enfrenta a una petición de Fiscalía de 10 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

La sesión comenzó con la declaración del responsable de la investigación, quien afirmó que en la documentación obtenida se observaron “indicios de una contratación irregular continuada” y que “esta modalidad de contratación no era un hecho aislado” sino, dijo, “un patrón”. Otros dos agentes que analizaron la documentación recopilada en el consistorio también señalaron supuestos indicios de contratación irregular, la mayoría en el año 2011, sin que el ayuntamiento hubiera iniciado ningún proceso de selección, convocatoria o base de concurso.

Algunas contrataciones, señalaron, se hicieron por decreto de urgencia y se encadenaban contratos, ya que, explicaron, una persona podía empezar a trabajar desde un plan del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) para después pasar a un contrato por obra y servicio y otra vez por uno del SOC hasta que finalmente estos trabajadores pasaban a ser indefinidos. Entre los puestos en los que detectaron presuntas irregularidades están el de la interventora, el de un policía local o el de la arquitecta técnica.

En algunos hicieron constar que se contrataba a la mujer del mecánico de los coches del ayuntamiento o la prima de una concejal. Por su parte, el exsecretario admitió que algunas plazas se “cubrían directamente por un decreto de alcaldía, sin oposición ni concurso”.

“No era habitual publicitar estas plazas”, declaró. La exconcejala de Almacelles Lliure Laia Martí, que denunció el caso ante la Fiscalía, declaró que lo hizo tras pedir “constantemente” información sobre contrataciones al consistorio y no recibir respuesta.

“Mi obligación era denunciarlo”, dijo. Mientras, una trabajadora de la brigada municipal declaró que el alcalde le ofreció el puesto y dijo que hizo una entrevista.

El juicio sigue hoy con la declaración de una docena de testigos. 

El juez acepta la petición del primer edil de declarar el último día

El juez aceptó ayer la petición de la defensa de que el alcalde de Almacelles declare en último lugar y no el primero como se hace habitualmente. Una petición que fue rechazada por la fiscal pero aceptada por el magistrado, por lo que Josep Ibarz declarará previsiblemente el próximo jueves (el juicio durará toda la semana). 

En la sesión de ayer se aceptó la declaración de dos nuevos testigos en la causa, propuestos por la defensa, que también intentó sin éxito que el juez desestimara como pruebas los 3.851 archivos informáticos obtenidos por un policía local que entregó después a los Mossos, así como los 231 gigas de información que la Policía catalana se llevó del consistorio en noviembre de 2017 por orden de la Fiscalía. En su escrito, el Ministerio Público señala que el ayuntamiento pasó de 63 trabajadores en 2003 a 123 en 2016 y que la mayoría de los contratos se hacían de forma “totalmente arbitraria”.