El alcalde de Almacelles niega haber intervenido en contrataciones
Josep Ibarz dice en el juicio que las aprobaba la Junta con el aval del secretario
Ibarz, a la derecha de la imagen, en su llegada a los juzgados.
El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz, ha negado que haya intervenido jamás para contratar a nadie en el consistorio y asegura que siempre han sido "muy cuidadosos con el procedimiento". Así lo ha declarado en la última jornada del juicio contra él que se hace en el penal 1 de Lleida y en el que la Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa ya que entiende que intervino en la contratación de una decena de personas 'a dedo'. Ibarz, que sólo ha respondido las preguntas de su abogado, ha añadido que los contratos los aprobaba la Junta de Gobierno con el visto bueno del secretario.
La tercera y última jornada del juicio contra Ibarz ha empezado con la declaración de cinco personas más contratadas por el Ayuntamiento de Almacelles entre los años 2005 y 2012 sin haber optado a ningún concurso público, tal como ellos mismos han explicado. El último en declarar ha sido, como ya se acordó el primer día, el acusado.
Ibarz ha explicado que en 2003 Almacelles contaba con unos 5.300 habitantes pero que funcionaban como si fuera un pueblo de unos 2.000 habitantes. "Faltaban trabajadores en el consistorio", ha dicho. Además, ha añadido, la población fue aumentando progresivamente hasta los casi 7.500 habitantes que hay censados actualmente, lo cual hizo todavía más necesario la contratación de personal.
Según la Fiscalía, sin embargo, el Ayuntamiento de Almacelles pasó de 63 trabajadores en 2003 a los 123 en 2015 y la mayoría de los contratos se hicieron de manera "totalmente arbitraria", por decreto de urgencia firmado por el alcalde y sin convocar ningún concurso público, lo cual considera que ha quedado probado en el transcurso del juicio, con las declaraciones de los testigos. Además, según el ministerio público, Ibarz habría aprovechado su cargo para contratar a amigos, personas afines a su ideología política o familiares, impidiendo así acceder a estos puestos de trabajo a personas con más méritos.
Ibarz en cambio, ha negado estas acusaciones. "No hay ningún familiar mío que trabaje en el Ayuntamiento y yo nunca intervine en la contratación de nadie", ha asegurado en su declaración. El alcalde de Almacelles ha explicado que era el teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos quien se encargaba de buscar trabajadores para los puestos de trabajo que había que cubrir, que era él quien los entrevistaba, que se anunciaban las ofertas de trabajo en las taquillas repartidas por el pueblo y pidiendo candidatos al SOC y que quien aprobaba las contrataciones era la Junta de Gobierno con el visto bueno del secretario en quien, ha dicho "tenía confianza plena". "Quién soy yo para cuestionar el criterio del secretario y de la Junta", se ha preguntado. "Si el secretario me dice que firme, yo creo", ha añadido.
El alcalde de Almacelles ha aprovechado su declaración para arremeter contra la concejala que lo ha denunciado y el policía local que obtuvo 3.581 archivos informáticos del consistorio que dio después a los Mossos. "Me han puesto unas seis denuncias. Eso es acoso", ha dicho. Su abogado, además, ha concretado que sólo 1 de ellas sigue en un juzgado de instrucción y del resto ha sido absuelto. Hay que precisar que otra causa es la que se juzga estos días en el penal 1 de Lleida..
Aunque la Fiscalía acusa a Ibarz de haber intervenido en la contratación irregular de una decena de trabajadores del Ayuntamiento, el abogado de la defensa ha centrado su interrogatorio en 2, concretamente la mujer y el hombre que fueron contratados como interventores. Ibarz ha dicho que se trataba de casos "de urgencia" ya que esta figura es necesaria para que la administración no quede parada. En el caso de la contratación del último interventor en 2012 "la situación era muy grave porque se había muerto el interventor de entonces y se acababa el plazo para pedir un préstamo del Estado y teníamos que pagar a proveedores y las nóminas", ha explicado. "Me pasó el candidato al secretario. Me dijo que era lo mejor, yo confié y firmé", ha dicho.
La Fiscalía, sin embargo, no se cree el papel que Ibarz ha declarado haber tenido en las contrataciones. Considera que ha quedado probado que era él quien decidía a quién se contrataba ya que, ha dicho, muchos de los trabajadores han declarado que no había más candidatos en el proceso de contratación y a algunos incluso se les llamó directamente del Ayuntamiento para ofrecerles el trabajo o en el caso de un policía local, fue su padre –conocido del alcalde- quien le dijo que Ibarz lo había llamado para decirle que buscaban alguien y si le interesaba. Además, ha añadido el ministerio público, Ibarz era miembro de la Junta de Gobierno y era quien firmaba los decretos por los cuales se hacían contrataciones de urgencia.
La defensa, en cambio, sostiene que Ibarz no influyó en ninguna contratación, que los candidatos venían ofertados por el SOC y que eran el concejal de Recursos Humanos y el secretario los encargados de los procesos de contratación y de personal. Niega además que las relaciones de amistad, afinidad política o familiares hayan tenido nada que ver en la contratación de estas personas e insiste en que los documentos que se extrajeron de los ordenadores del ayuntamiento no tendrían que admitirse como prueba ya que no se hicieron con un procedimiento judicial correcto, lo cual niega la Fiscalía, que insiste en que se hicieron siguiendo todas las normas y la legalidad.
