La municipalización del agua en Tremp y Bellpuig acaba ante el juez

La compañía Agbar mantiene a través de Sorea un pulso contra el Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, una entidad de carácter público a la que están adheridos varios ayuntamientos de Catalunya que han querido municipalizar el abastecimiento de agua, entre ellos, los de Bellpuig y de Tremp.

La compañía de aguas confirmó que hay un contencioso interpuesto contra el consorcio (Congiac), al que acusa de pretender ofrecer un servicio mancomunado de agua a los ayuntamientos asociados sin que lo sea y de aparentar que la gestión del agua se municipaliza a través de este consorcio cuando, afirma la compañía, se encarga a una empresa y debería seguir un procedimiento de concurso público.

El consorcio de aguas al que están adheridos Bellpuig y Tremp gestiona el servicio a través de Giacsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), que se define como una empresa pública y un ente de gestión directa de Congiac. Los alcaldes defienden este sistema (Congiac-Giacsa) como fórmula para mantener una gestión pública del agua y denuncian un ataque judicial por parte de la compañía.

Bellpuig y Tremp son los únicos ayuntamientos de Lleida adheridos al consorcio ahora recurrido

En el caso de Tremp, el servicio de agua ya era municipal y el ayuntamiento lo delegó en el consorcio con intención de mantenerlo en manos públicas al considerarlo un ente propio. En el caso de Bellpuig, el consistorio aprobó en 2017 recuperar la gestión del agua.

El alcalde de esta localidad, Jordi Estiarte, explicó que “nos han denunciado porque las grandes empresas privadas con intereses en el sector del agua consideran que la gestión municipal del agua partiendo de empresas de participación pública, como Giacsa, se ha hecho sin concurrencia en base a concurso de licitación”. Como Tremp, Bellpuig se ha integrado en la Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), que mañana ha convocado un acto en Terrassa de protesta contra “una estrategia de judicialización contra la remunicipalización y la gestión pública del agua”.

“La integración en la AMAP comporta un cambio de la norma de gestión del agua potable en los municipios que optan por pasar a prestar este servicio de forma directa mediante una sociedad anónima de capital íntegramente público y de la que son socios los diferentes municipios”, dijo.

Dos sentencias de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han dado la razón en los últimos meses a Sorea (Agbar) en sendos litigios contra los ayuntamientos de Collbató y Olost y han anulado los acuerdos de pleno de asumir la gestión del agua y encargarla a Giacsa, lo que abre la puerta a otros muchos fallos en este mismo sentido si se interponen los litigios.

Para la compañía de aguas, el Tribunal ha aceptado que Giacsa no tiene ninguna vinculación con los ayuntamientos ni es un medio propio, por lo que no puede asimilarse a una gestión municipal del agua.

las claves

Sistema Congiac-Giacsa

Unos 40 ayuntamientos, entre ellos, Bellpuig y Tremp, habrían optado por un consorcio público para encargar a una empresa pública la gestión del agua.

AMAP

Es la Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, que denuncia una campaña de judicialización de las remunicipalizaciones del agua.

Sentencias

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dado la razón a Sorea en dos contenciosos contra ayuntamientos y ha anulado la delegación de la gestión del agua a Giacsa.