La UE avala la protección de las aves del Segarra-Garrigues y cierra al fin el litigio

La Comisión Europea ha cerrado al fin el largo litigio que mantenía contra el canal Segarra-Garrigues por los daños que estimó que inflige el proyecto de regadío en las poblaciones de aves protegidas a nivel comunitario. El contencioso comenzó con una queja formal de grupos ecologistas ante la Comisión en 2001, continuó con un recurso ante el Tribunal de la UE en 2006 y acabó en 2007 con una sentencia condenatoria.

Han sido necesarios 14 años más para que la Comisión considere que la sentencia finalmente se ha ejecutado y el Colegio de Comisarios, en una decisión tomada en la reunión del martes y comunicada ayer, ha avalado al fin las medidas de la Generalitat para preservar la fauna esteparia protegida..

Bruselas no dio más explicaciones sobre el cierre del litigio, si bien fuentes consultadas confirmaron su finalización y admitieron que ha sido un procedimiento “extremadamente largo”, probablemente el más prolongado entre los contenciosos que ha mantenido la UE contra estados miembros.

La Generalitat estimó en 61 millones la inversión en medidas ambientales para preservar la fauna

Añadieron que Bruselas considera ya que se han tomado las medidas oportunas para dar cumplimiento a la sentencia. El fallo condenatorio ha amenazado durante años con imponer al Estado español multas millonarias por la infracción, o bien con la pérdida de subvenciones e incluso se habló de la posibilidad de que se paralizaran obras del canal. Uno de los mayores desencuentros con Bruselas en estos 20 años se dio cuando se puso en riego la primera finca del canal en julio de 2009 con un acto protocolario en Oliola, que enojó a las autoridades europeas porque dos años después de la sentencia ésta no se había implementado.

Tras el fallo de 2007, la Generalitat designó 81.000 hectáreas del llano de Lleida como zonas de especial protección de las aves (zepas), de las que 41.000 están en el área regable del canal y 21.000 son superficie agraria útil, según un informe de la propia Generalitat. El proyecto, de hecho, se redujo de 70.150 hectáreas a 64.995 tras excluir del riego más de 5.000 hectáreas. El resto, según los implicados, podría compatibilizarse con algún tipo de riego. En 2018, la Generalitat estimó su inversión total en el canal en 1.245 millones de euros (hasta 2032), de los que 61 millones van dirigidos a medidas para compensar el impacto del canal.

Los regantes, aliviados, confían en compatibilizar el regadío

El presidente del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, aplaudió la decisión del Colegio de Comisarios, que esperaba “desde hacía unos meses”, y confió en que permita “gestionar las zepas de una manera lógica” en adelante. Jové destacó entre las medidas que se han tomado para cumplir la sentencia de la UE la gestión de 4.000 hectáreas de zepas repartidas por toda el área de influencia del canal para presevar la población de sisones.

El presidente de los regantes consideró que la decisión de Bruselas y la creación de la nueva conselleria del ramo (Acción Climática, Alimentanción y Agenda Rural), que incorpora áreas de medio natural y de agricultura, facilitarán la conciliación de usos en el canal. También remarcó el esfuerzo llevado a cabo en los últimos años en el seno del proyecto a favor del medio ambiente.

Más de 11.000 ha en riego y hay obras para regar otras 1.800

El canal riega actualmente unas 11.100 hectáreas de cultivos (cerca de un 20%) y se están llevando a cabo obras para incorporar 560 hectáreas este verano y 1.283 hectáreas en verano de 2022. Desde la crisis económica de 2008, los proyectos se llevan a cabo solo a demanda de una mayoría de los agricultores de cada sector. En una estimación llevada a cabo por la Generalitat en 2018, se había completado un 40% de la red secundaria. El canal principal y el pantano de L’Albagés (obras del Estado) ya están finalizados.

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