Ayuntamientos de la Segarra denuncian estar paralizados por falta de técnicos en el consell

Los ayuntamientos de Sant Guim de la Plana, Biosca, Ivorra y Massoteres denunciaron ayer estar paralizados al faltar personal en el Servei d’Assistència Tècnica (SAT) que presta el consell comarcal de la Segarra. Aseguran que hace casi dos años que reivindican normalizar este servicio, que subvenciona la Diputación y prestan los entes comarcales.

El alcalde de Sant Guim, Josep Llobet, afirmó que los técnicos que tenían asignados en los últimos dos años han dimitido, que por las 8 plazas que hay han pasado hasta 6 profesionales, y que cada vez que llega uno nuevo tarda tiempo en ponerse al día. Añadió que la falta de técnicos paraliza los ayuntamientos y les impide certificar obras, tramitar ayudas e incluso pagar nóminas, algo que podría ocurrir a partir de este mes.

Sant Guim de la Plana, Biosca, Ivorra y Massoteres, los afectados y otros cuatro rubrican la reivindicación

Llobet aseguró que los técnicos cesan “por el mal trato y la falta de sensibilidad del consell”. El alcalde de Biosca, Josep Puig, exigió la dimisión del conseller comarcal responsable, Joan Santacana, y del presidente del consell, Francesc Lluch, por su “incapacidad” para resolver esta situación. Los alcaldes pidieron administrar la subvención de la Diputación, de 40.000 euros al año por cada técnico, y anunciaron que dejarán de pagar el servicio de SAT que presta el consell.

Otros cuatro ayuntamientos de la Segarra que reciben prestaciones del SAT se sumaron a la protesta, aunque en su caso tienen el servicio cubierto. Son los de Montornès, Montoliu, Estaràs y Les Oluges. La alcadesa de Tarroja, Imma Secanell, que preside el consejo de alcaldes, manifestó que se desaprovechan técnicos. Consideró que el consell tiene de forma innecesaria dos interventores y dos secretarios, uno de ellos adjunto, que podrían destinarse a atender a pequeños ayuntamientos.

Por su parte, el presidente del consell de la Segarra, Francesc Lluch, señaló que esta problemática es extrapolable a municipios de toda Catalunya ya que “no se encuentran técnicos que quieran trabajar desde las zonas rurales”. A corto plazo, dijo que contratarán al último aspirante de la bolsa de trabajo del consell y añadió que, si periste este problema, abrirán una nueva bolsa de trabajo o externalizarán el servicio.

De hecho, la Generalitat tiene contabilizadas hasta 169 vacantes de secretario e interventor en los ayuntamientos de las comarcas leridanas, según datos recogidos por el colegio oficial de secretarios, interventores y tesoreros.

La Generalitat requiere a 52 consistorios que creen estas plazas La Generalitat envió el pasado mes de marzo una carta a 52 ayuntamientos de Lleida y a 4 agrupaciones de municipios para que creen la plaza de secretario interventor con la que deben contar, ya que las características del municipio así lo requieren. Actualmente, la ley exime a los ayuntamientos de menos de 500 habitantes o con un presupuesto de menos de 200.000 euros anuales de dotarse con un técnico de este nivel, de modo que cubren sus servicios de forma mancomunada o por delegación de otras administraciones.

No obstante, algunos de los municipios que antes estaban exentos han crecido, y 52 de ellos deben contar ya con un funcionario de habilitación nacional que de momento no lo tienen. La directora general de Administración Local, Montse Fornells, admitió ayer que se trata de “un problema de país” y añadió que estudian soluciones para la falta de personal, especialmente en las zonas rurales.