Violant Cervera: «Hay que buscar nuevos modelos para las residencias»

Después de que la gestión de las residencias pasase de a manos de Salud debido a la pandemia, ¿como se plantea su futuro?

Dependen de Derechos Sociales, la gestión pasó a manos de Salud mientras tenían muchas necesidades asistenciales por el coronavirus. Entonces se establecieron canales de colaboración entre las dos consellerias y queremos mantenerlos. Hemos empezado a ponernos de acuerdo para trabajar juntos, no solo en residencias para la tercera edad, sino también en las de personas discapacitadas y equipamientos de salud mental.

Las residencias han sido el eslabón más débil durante la pandemia y los brotes han puesto de manifiesto precariedad de medios materiales y personal.

La pandemia ha puesto ante el espejo a todos los eslabones más débiles de la sociedad, no solo las residencias, también en ámbitos como la discapacidad y la pobreza. Debemos lamentar las pérdidas humanas, pedir disculpas si eso es posible a las familias, acompañarlas, y aprender de los errores. El personal de las residencias es un colectivo con salarios más bajos que otros profesionales de su ramo y debemos trabajar en ello. Su profesión necesita más recursos y reconocimiento. Además de mejorar la asistencia sanitaria en las residencias, hay que buscar nuevos modelos para ellas.

¿Qué alternativas plantea?

Las residencias eran antes un lugar donde las personas iban a acabar su vida, podían pasar muchos años en ellas. Ahora son más asistenciales, sus usuarios suelen requerir curas y una determinada vigilancia. Queremos impulsar nuevos modelos de residencia y que las personas acaben su vida en el recurso asistencial que quieran. Habrá quien preferirá hacerlo en casa; otros en pisos tutelados; y otros optarán por residencias. Debemos intentar que todos puedan escoger cómo vivir y con quién, y también cómo morir.

El paso de menores no acompañados a la vida adulta es difícil.

Unas cuatro mil personas están en programas y la mitad son menores. La ayuda es hasta los 18 años, pero se amplía hasta los 23. Podemos brindarles servicios básicos y formación, pero no tenemos competencias capitales como son la inmigración y los permisos de trabajo. No dependen de nosotros, cuando el principal problema de estos jóvenes es que no pueden optar a la nacionalidad y tampoco a permisos de trabajo. Sin eso, se quedan en tierra de nadie. La situación fue dramática en 2018 y 2019, pero desde 2020 llegan menos y está bastante controlado. Sin embargo, es muy probable que cuando acabe la pandemia y las fronteras abran vuelvan a aumentar.

Mencionó en el Parlament que el Estado no aportaba lo debido para aplicar la ley de dependencia.

La ley de dependencia establece que el 50% de los recursos los pone el Estado y el 50% la Generalitat. Sin embargo, el Gobierno español solo está poniendo el 14%. Sé que esto no debe usarse como excusa, ya que la gestión y las listas de espera dependen de la Generalitat y debemos hacer lo posible para reducirlas. Sin embargo, la realidad es que la Generalitat y las familias están cubriendo la mayor parte del coste. En la primera parte de la legislatura nos concentraremos en reducir tanto estas listas de espera como las de la renta garantizada.

Hay demanda de vivienda social en ciudades y casas vacías cayéndose en pueblos. ¿Las políticas de vivieda pueden incidir en la despoblación rural?

La prioridad son las personas vulnerables, y eso implica luchar contra los desahucios. Para eso hemos creado un grupo de trabajo con Presidencia, Justicia, Interior, Territorio y nosotros. Hemos pedido al Estado prorrogar la suspensión de desahucios a personas vulnerables para evitar un alud de ellos cuando expire la moratoria, el 9 de agosto. Otra prioridad son las políticas de vivienda para jóvenes, para ayudarles en su emancipación. Ahora tenemos presupuestos prorrogados, pero en los próximos años el compromiso es destinar hasta mil millones a políticas de vivienda. Hay que aumentar el parque público y trabajar también para combatir la despoblación rural.

¿Cabe plantear vivienda social en pueblos pequeños?

Es algo que debemos plantear a entidades municipalistas y ayuntamientos. Es la línea de actuación más lenta, habrá que hacerlo con la adquisición de viviendas o con subvenciones a los municipios para que promuevan vivienda de protección oficial.

A la hora de evitar desahucios, ¿hay que distinguir entre pequeños y grandes propietarios?

La moratoria para evitar desahucios debería incluir tanto a grandes como a pequeños propietarios: estamos en una época de crisis y es necesario garantizar la vivienda para todas las personas, aunque es cierto que los pequeños propietarios son más sensibles que los grandes. Tras la moratoria se pueden aplicar diferentes políticas para evitar desahucios. Defiendo la propiedad privada, pero ahora estamos en un momento de crisis y debemos trabajar porque todo el mundo tenga una vivienda.

Muchas de sus competencias tienen una normativa básica estatal.

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