Freno al alud de renovables y solo las autorizarán si hay acuerdo del territorio

Borrón y cuenta nueva ante el alud de renovables. Un centenar de centales solares y 42 eólicas, casi todas las previstas en Lleida, se volverán a tramitar desde cero y el Govern solo autorizará las que tengan “acuerdo del territorio”: exigirá que los promotores informen a los ayuntamientos y tengan el 85% del suelo para molinos y paneles fotovoltaicos.

El alud de proyectos de energías renovables en Lleida y el resto de Catalunya volverá a la casilla de salida. La práctica totalidad de ellos tendrá que repetir su tramitación desde cero y, tras este freno inicial, la Generalitat solo autorizará los que cuenten con “acuerdo del territorio”: los promotores deberán tener el visto bueno de los dueños de al menos el 85% del suelo donde prevén instalar molinos y paneles fotovoltaicos, y también deberán informar a los ayuntamientos. En las comarcas leridanas, esto obligará a reiniciar el trámite de un centenar de instalaciones solares y unos 40 parques eólicos, casi todos los previstos (ver claves).

Así lo prevé la reforma del decreto sobre renovables que prepara el departamento de Acción Climática, y que deberá estar lista antes de noviembre, tras consultar a todos los sectores afectados. La consellera, Teresa Jordà, lo anunció ayer en comisión parlamentaria. Detalló que afectará a proyectos que hayan obtenido el visto bueno de la ponencia de renovables, pero no han llegado a exposición pública. Es decir, la inmensa mayoría. “El 99,8% volverán a la casilla de salida”, dijo.

La nueva tramitación suprimirá la criba previa de la ponencia de renovables. En su lugar, los proyectos con acuerdo de los dueños del suelo y notificados a los consistorios pasarán directamente a información pública.

“Hasta ahora el trámite se hacía con solo dos papeles”, subrayó la consellera. Apuntó que esto ha favorecido un alud de propuestas, a veces incompatibles entre sí porque aspiran a ocupar unos mismos terrenos.

Lo atribuyó tanto a competencia por asegurarse puntos de conexión a la red eléctrica como a movimientos “especulativos”, y recalcó que esto ha tenido efectos adversos: por una parte, han provocado preocupación entre la ciudadanía ante una posible masificación de centrales de energías renovables concentradas en muy pocas manos. Por otra, los promotores han llegado a “bloquear” la administración con cientos de propuestas.

“Había que deshacer la burbuja”, dijo la consellera, y avanzó que favorecerán centrales solares y eólicas impulsadas desde el territorio (ver desglose).

Prioridad para los proyectos de los ayuntamientos y la población local La reforma del decreto sobre renovables que prepara la Generalitat dará prioridad a proyectos impulsados desde el territorio que los acoge, ya sea por parte de ayuntamientos y otros entes locales como de vecinos asociados en cooperativas. Jordà indicó que estas iniciativas “serán declaradas de interés territorial estratégico y serán prioritarias”, siempre que no superen una potencia de 5 MW (suficiente para suministrar electricidad a 2.500 viviendas).

Asimismo, se permitrán estas instalaciones en suelo urbanizable, desarrollado o no. La consellera apuntó que todo ello pretende favorecer “comunidades energéticas” locales frente a un modelo “oligopolista”.

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Límite de plantas por comarca y más protección para el suelo agrícola La nueva regulación de las energías renovables que impulsa Acció Climática prevé establecer un límite de instalaciones por cada comarca, algo inédito hasta ahora. Esta limitación debe aún concretarse, pero la conselleria cree que contribuirá a un “reparto equitativo de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas” y a la “solidaridad interterritorial”.

Asimismo, reforzará la protección del suelo agrario que la ponencia ambiental aplicaba en la pasada legislatura. Molinos de viento y paneles fotovoltaicos estarán vetados en las fincas más productivas, mientras que en las de calidad media se limitarán a un 5% de los terrenos de regadío y un 10% de los secanos.