ADMINISTRACIÓN LITIGIOS
La Generalitat pide al juez que Romero Polo acabe el vertedero pese al fallo que lo veta
Un informe de la Agència de Residus ve inviable ejecutar la sentencia y adjudicar la ampliación a FCC y Arnó porque implicaría demoler lo construido || Afirma que las obras estarán acabadas el 27 de agosto
Las obras de ampliación del vertedero del Segrià en Montoliu estarán acabadas a finales de agosto.
La Agència de Residus de Catalunya (ARC), un organismo de la Generalitat ahora asociado a la conselleria de Acción Climática, ha reclamado en un informe al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que se permita finalizar las obras de ampliación de vertedero de Montoliu a la actual adjudicataria, Romero Polo y Valoriza, a pesar de que una sentencia de finales de febrero anuló esta adjudicación y obligó al Consorci de Residus del Segrià a adjudicarla a Fomento de Construcciones y Contratas y Benito Arnó.
Tras la sentencia, el Consorci de Residus del Segrià recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, lo que está pendiente de resolución, mientras que FCC y Arnó (que había recurrido la adjudicación en 2018 ante el TSJC) pidieron al tribunal la ejecución provisional de la sentencia.
El dictamen advierte que cambiar ahora de empresa generaría “graves perjuicios de difícil reparación”
La Generalitat ha enviado este informe para oponerse a la ejecución de la sentencia ya que lo considera inviable ahora porque las obras están a menos de dos meses de finalizar (la fecha prevista es el 27 de agosto). Advierte que no sería “viable” adaptar el proyecto aprobado a la oferta de FCC a no ser que se derribe la mayor parte de lo construido. Ello causaría “graves perjuicios de difícil reparación”, asegura el informe.
El informe de la ARC considera “fundamental” acabar las obras sin más demora y poner en servicio las instalaciones según el proyecto adjudicado en 2017. De lo contrario, asegura, la ampliación se retrasará “no menos de tres años”. También se disparará el coste de la inversión. Las obras del vertedero se adjudicaron en 2017 por 14 millones de euros (ver claves) y si se revierten se generaría una “duplicidad e ineficiencia de las inversiones” y una “falta de financiación”, ya que habría concluido el convenio con la Agència de Residus para sufragarlas.
También se produciría, avisa el informe, una “afectación perjudicial al interés público” y se incumpliría la normativa sobre tratamiento previo de los residuos antes de llegar al vertedero, por lo que se “hace necesaria la puesta en servicio de la nueva instalación sin más demora”.
El contrato objeto de litigio contempla las obras, que llegan a su fin, y la gestión a 10 años prorrogables a otros 10, una parte del concurso cuyo traspaso no se cuestiona. Ahora, las obras que podían llevarse a cabo del depósito controlado están listas y las del centro de tratamiento están a dos meses de acabar. La pandemia y un trámite urbanístico habían retrasado el proyecto doce meses.
Un ultimátum de FCC y Arnó molesta al Consorcio La UTE de FCC y Arnó ha reclamado que se cumpla la sentencia y se le adjudique el concurso. La última ocasión, por burofax a los miembros del Consorcio de Residuos (Paeria, consell comarcal y Agència de Residus) y el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, lo consideró “inaceptable” y anunció una respuesta. El concejal de la oposición Fèlix Larrosa denunció que eran “escritos amenazantes”, algo que FCC rechazó.
