Las eléctricas rechazan pagar este año tasas por sus líneas en treinta municipios de Lleida

Las compañías eléctricas han rechazado pagar este año las tasas que una treintena de ayuntamientos de Lleida imponen a líneas y otras infraestructuras de transporte y distribución de electricidad en terrenos municipales.

Las habían liquidado durante cuatro años, desde 2016 hasta 2020, tras una década de litigios que se saldó con la victoria de los municipios. Durante este periodo, los consistorios habían cobrado entre 12.000 y 70.000 euros anuales, en función del número de instalaciones en suelo público.

Ahora las empresas vuelven a recurrir las liquidaciones que les envían los consistorios, y han presentado avales sobre las cantidades que les reclaman a la espera de resolución.

Estos nuevos recursos se amparan en una sentencia del Tribunal Supremo.

Esta cuestión se abordó ayer en una jornada en Lleida sobre financiación local. La sentencia del Supremo, dictada en 2020, avala el derecho de los municipios a cobrar tasas por las infraestructuras eléctricas en terreno público. Sin embargo, rechaza que se aplique un único tipo impositivo a las torres eléctricas y a los cables que penden de ellas, tal como hacen las actuales ordenanzas fiscales de los ayuntamientos. En base a esto, las compañías rechazan pagar las liquidaciones del año 2021. Los municipios, por su parte, han empezado a tomar medidas tanto para cobrar esta anualidad pendiente como para asegurarse los cobros en el futuro.

Los ayuntamientos de Lleida han cobrado entre 12.000 y 70.000 euros anuales entre 2016 y 2020

El bufete que representa a la práctica totalidad de estos municipios, Gonzalo Abogados, ha recurrido la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que interfiere en la autonomía municipal. De forma paralela, preparan una modificación de las ordenanzas fiscales con un tipo impositivo diferenciado para torres y líneas, tal como dicta el Supremo. Los consistorios deberán aprobarlas en sus plenos para evitar nuevos recursos de las compañías a partir de 2022.

Un total de 587 municipios en España y 87 en Catalunya han aplicado hasta ahora tasas sobre las infraestructuras eléctricas. Años atrás fueron objeto de recursos por parte de las empresas titulares de líneas, con sentencias muy dispares. Tribunales de Catalunya y otras comunidades las declararon ilegales, mientras que otros las avalaron. No fue hasta 2016 cuando el Supremo unificó la doctrina y dio la razón a los consistorios, algo que ahora vuelve a estar, literalmente, en tela de juicio.

Planes urbanísticos contra el alud de renovables

La Llotja de Lleida acogió ayer una jornada sobre financiación local organizada por Gonzalo Abogados y Cudós Consultors, que abordó la situación de las tasas a líneas eléctricas y cómo gravar las instalaciones de telecomunicaciones.

Una de las ponencias estuvo dedicada a cómo pueden los ayuntamientos evitar una excesiva concentración de centrales solares y eólicas en sus municipios. El abogado Santiago Solsona, de Cudós Consultors, expuso que es posible hacerlo mediante la planificación urbanística municipal, una vía que han iniciado ya algunos consistorios leridanos.

“No es posible declarar un municipio libre de renovables”, advirtió, pero señaló que sí es posible delimitar espacios para ellas.

Asimismo, apuntó que las moratorias que han dictado 12 consistorios de Lleida “pueden tener un efecto disuasorio” para los promotores. El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, inauguró la jornada y afirmó que “Estado y autonomías debemos acordar marcos de actuación sobre las renovables”.