TRIBUNALES INVESTIGACIÓN
Denuncian un fraude de 4 millones en la cooperativa de Artesa de Segre
La jueza imputa al director general y a la responsable del departamento de Asesoría y Seguros de la sociedad Agrocamp Artesa Correduría de Seguros por supuestas irregularidades contables || Fiscalía avala la acusación de la exdirectora financiera
El juzgado de Instrucción número 2 de Balaguer investiga al director general de la Cooperativa de Artesa de Segre, J.S.C., y la responsable del departamento de Asesoría y Seguros de la sociedad Agrocamp Artesa Correduría de Seguros, participada por la Cooperativa de Artesa de Segre, M.S.C, por supuestas falsedades contables en los resultados económicos de la cooperativa que podrían constituir un fraude de 4 millones de euros. La Fiscalía presentó una denuncia ante el juzgado tras analizar la denuncia previa que recibió el pasado marzo de la que fue directora financiera de la entidad entre octubre del año 2017 hasta enero de 2021 por los supuestos delitos de estafa, administración desleal, falseamiento de las cuentas anuales y simulación de negocio jurídico y falsedad documental.
El juzgado de Balaguer ya tiene la querella y esta semana ha dictado una interlocutoria a la que ha tenido acceso este periódico en la que cita a declarar para el próximo 17 de septiembre, como investigados, tanto al director general como a la secretaria del consejo rector al considerar que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen suponer la posible existencia de una infracción penal”. La jueza también tomará declaración ese día en calidad de testigos a la denunciante y al encargado de la auditoría de las cuentas.
En su denuncia, la exdirectora financiera, representada por el abogado Enric Rubio, afirma que “fui detectando y comunicando al director general irregularidades contables que pretendían ‘maquillar’ y ‘falsear’ los resultados económicos reales, obviando las buenas prácticas y los criterios de prudencia aplicables en contabilidad.
Lo más grave es que, una vez detectadas y comunicadas aquellas irregularidades, lejos de enderezarse, constaté que era el propio director general quien las propiciaba, contando con la aprobación de la letrada del grupo cooperativo y secretaria del consejo rector a efectos de que los resultados económicos fueran lo que él mismo cuantificaba”. En este caso “hasta el punto de que, con motivo del cierre del ejercicio 2019, quiso que validara aquellas irregularidades y lo mismo pretendía al cerrar el ejercicio 2020 y de ahí mi oposición y la desazón y angustia que todo ello me suponía, hasta el punto de tener que denunciar los hechos, como deber cívico y legal”.
De esta forma, las presuntas irregularidades contables implicarían falsear las cuentas, modificar o “hinchar” el resultado económico o “simular unos resultados que no eran reales”, según la denunciante, que asegura que se hicieron facturas falsas y ajustes contables en las cuentas de hasta casi un millón de euros al cierre de 2019, lo que se había triplicado al cierre del ejercicio 2020. Asimismo, afirma que recibió presiones y coacciones para validar las irregularidades contables y que acabó siendo despedida en enero de este año.
En este sentido, recordó que la cooperativa “audita cada año sus cuentas y el de las empresas del grupo, y en ninguna de las auditorías realizadas mientras duró la relación laboral se detectó ninguna irregularidad”.
Además, consideró que “los hechos que se describen en la denuncia no se ajustan a la realidad, y en ningún caso constituyen ningún tipo de irregularidad con trascendencia penal”. Por último, la cooperativa añadió que la dirección de la entidad “no quiso acceder al chantaje y está estudiando con sus abogados emprender acciones legales por los perjuicios que se intenta ocasionar a los socios, a los trabajadores y a la imagen de la cooperativa en general”.
“Nunca puso en conocimiento ninguna irregularidad” La cooperativa de Artesa de Segre aseguró ayer a este rotativo que despidió a la denunciante el pasado 15 de enero de 2021 y que se debió “a bajo rendimiento en el trabajo y omisión de sus responsabilidades”. Añadió que “no se llegó a un acuerdo en cuanto al importe de la indemnización ya que pedía una cantidad desorbitada, muy por encima de lo que establece la normativa laboral. Posteriormente, la exdirectora financiera presentó una denuncia penal”. Asimismo, afirmó que “durante la vigencia de la relación laboral, nunca puso en conocimiento de los órganos directivos de la compañía ni de los auditores que hubiera detectado ningún tipo de irregularidad”.