Diez mil coches y camiones que circulan a diario por la AP-2, sin peaje en 11 días

Los cerca de diez mil vehículos que circulan a diario por la AP-2 a su paso por Lleida dejarán de pagar peaje dentro de 11 días, cuando concluirá la concesión en manos de Abertis y se alzarán las barreras. El fin del pago en la autopista abre nuevas expectativas de desarrollo en las comarcas leridanas, aunque también van acompañados de incógnitas.

Cerca de diez mil vehículos circulan cada día por el tramo leridano de la AP-2, de los cuales más de 1.600 son camiones. Todos ellos dejarán de pagar peaje dentro de once días, cuando expirará la concesión en manos de Abertis en todo el trazado de la autopista desde Alfajarín a El Vendrell y también en la AP-7. El ministerio de Transportes da por hecho que alzar las barreras aumentará el tráfico en estas vías de alta capacidad, mientras que disminuirá en carreteras convencionales como la N-240.

Esto supone un motivo de celebración para los municipios que han pasado décadas reclamando mejorar la seguridad en la nacional, cuyo volumen de circulación supera al de la AP-2 y que tiene el mayor índice de siniestralidad de las comarcas leridanas.

Junto a la mejora de la seguridad y de la movilidad, el fin de los peajes alimenta expectativas de crecimiento económico para las comarcas de Lleida. El sector del transporte espera con impaciencia deshacerse del coste añadido que supone el desvío obligatorio de camiones desde la N-240 a la AP-2, con un peaje rebajado que ahora asumen las empresas. La Cámara de Comercio, además, apunta a la posibilidad de que las empresas leridanas aumenten sus relaciones comerciales con las de Tarragona y Zaragoza. A ello se suman posibilidades de cambios a más largo plazo.

Los 16 ayuntamientos leridanos en el trazado de la autopista dejarán de cobrar los 1,3 millones de euros que recibían de Abertis en concepto de impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICES), algo que lograron tras muchos años de pugna en los tribunales. El Estado está exento de pagarlo. Frente a este revés para las arcas municipales, algunos de ellos ven la oportunidad de atraer empresas y crear empleo en sus municipios.

Les Borges y L’Albi plantean la posibilidad de recuperar proyectos de polígonos industriales

Es el caso de Les Borges Blanques. Su alcaldesa, Núria Palau (JxCat), cree que puede ser la oportunidad de desarrollar el nuevo polígono industrial de Vaca-roja, una iniciativa planteada hace más de una década y que quedó paralizada por la crisis económica a partir de 2008. También cree que supondrá un impulso para el polígono de Les Vedrunes.

También la alcaldesa de L’Albi, Anna Feliu (JxCat), Anna Feliu, cree que su municipio puede convertirse “en un lugar atractivo para los inversores” con el fin de los peajes. Esto podría reavivar el antiguo proyecto para otro polígono en la localidad “que no se ha desarrollado nunca”. Asimismo, señaló que puede favorecer el turismo. “Ahora tenemos muchas autocaravanas y quizás pasarán más”, indicó.

En la misma línea, la alcaldesa de Soses, Sandra Marco (ERC), cree que el peaje gratuito “puede favorecer que vengan más empresas”, así como favorecer la movilidad. El consistorio ha pedido ya al ministerio de Transportes que repare caminos asfaltados que comunican el pueblo y la autopista para tener un acceso más rápido y cómodo.

Les Borges Blanques, L’Albi y Soses son tienen ya salida a la autopista. Otros municipios de Lleida que no la tienen piden al Estado que las construya en sus respectivas poblaciones, una posibilidad que actualmente está en estudio. El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, advirtió que la posibilidad de atraer empresas en el eje de la AP-2 está condicionada a tener más accesos.

Por su parte, el alcalde de Juneda, Antoni Villas (JxCat), se muestra crítico al considerar que no se ha planificado el escenario posterior al fin de los peajes. “Como siempre, la casa se empieza por el tejado y pasarán años hasta que haya un plan de usos del suelo al lado de la autopista”, valoró. 

El alcalde de Tarrés, Ramon Maria Arbós (ERC), explicó que su ayuntamiento no se ha planteado pedir un acceso propio a la AP-2, ante la proximidad del de L’Albi. Cree que el fin de los peajes supondrá una “oportunidad para el territorio” y un “beneficio para todos”. En este sentido, señaló que los vecinos de segundas residencias “quizás vendrán más”. Cuando la barrera de la autopista se alce, quedará pendiente la remodelación de la N-240 con una segunda calzada entre Lleida y Les Borges, y persiste por ahora la incógnita de si la AP-2 volverá a ser de pago en próximos años.

Más de 40 años pagando por la conexión con Tarragona

Lleida estenó la AP-2 en 1977, aunque todo el trazado de la autopista entre Alfajarín y El Vendrell se construyó entre los años 1969 y 1979. Esto supone 44 años de peajes en Ponent. En este periodo, uno de los principales cambios ha sido el desvío obligatorio de camiones de la N-240 a la AP-2 entre Les Borges y El Pla de Santa Maria, que se puso en marcha en septiembre de 2018. Se aplicó tras una primera experiencia de desvío voluntario en 2015 con un peaje rebajado, que apenas tuvo incidencia en el tráfico.

Este mismo año se implantó un protocolo que obliga a cerrar la autopista cuando hay niebla densa que no permite ver más allá de 75 metros. Cuando esto sucede, el tráfico se desvía a la N-240, lo que provocó un alud de críticas al sumarse más tráfico a una carretera que registra una elevada siniestralidad.

Además, también han ido surgiendo movimientos en contra de las barreras en la carretera, como el No Vull Pagar, que en 2012 se negaba a pagar peajes al considerar que las concesiones en Catalunya ya estaban amortizadas.

Por otra parte, movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) surgidos tras el referéndum independentista del 1-O también levantaron las barreras de la AP-2 en 2018.

Las incógnitas

¿Cuánto tiempo seguirá Abertis en la AP-2? Acesa, filial del grupo Abertis y concesionaria de la AP-2, se seguirá encargando del mantenimiento de la autopista desde el fin del peaje el próximo 1 de septiembre hasta que se formalicen los nuevos contratos de explotación. Así lo ha corroborado el ministerio de Transportes.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT afirmaron que la empresa ha comunicado a la plantilla que se mantendría al frente de la conservación hasta el 30 de noviembre. También continuará encargándose de las áreas de servicio a lo largo del trazado de la autopista en este periodo de transición.

¿Cuál será el relevo de la actual concesionaria? El proceso para contratar la nueva explotación de la AP-2 sigue en curso. En el tramo leridano, la unión temporal de empresas (UTE) de la firma leridana Arnó, Aquaterra y Rubau obtuvo la mejor puntuación y la mesa de contratación propuso adjudicarle el contrato, si bien todavía no hay resolución firme al respecto.

Una oferta de la UTE de la constructora leridana Romero Polo y Alvac quedó eliminada por el ministerio de Transportes al considerarla “anormalmente baja”. La adjudicataria deberá asumir tanto la conservación de la autopista como las áreas de servicio.

¿Qué pasará con los actuales trabajadores?

La empresa que se adjudique la explotación de la AP-2 en Lleida tendrá que subrogar los contratos de 30 empleados que ahora se encargan del mantenimiento. No obstante, no está obligada a quedarse con otros trabajadores, como por ejemplo los de las áreas de servicio, limpieza o jardinería, que suponen unos 60 puestos de trabajo.

Paralelamente, Abertis ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) por el fin de las concesiones. Este implicará el despido de 341 trabajadores en todo el trazado de la AP-2 y la AP-7. Diez de ellos son cobradores de peajes en Lleida.

¿La autopista volverá a ser de pago?

El Estado prevé implantar en 2024 el pago por circular por autovías y autopistas que para entonces estén libres de peaje. Esta medida constaba en el plan que el Ejecutivo ha presentado ante la Unión Europea para solicitar fondos de recuperación ante la pandemia.

Por su parte, la Generalitat ha pedido en los últimos días el traspaso de todas las competencias en materia de carreteras, incluida la AP-2, para implementar la viñeta cuando acaben las concesiones aún en vigor. Este sistema de pago consiste en una tarifa plana para circular por las vías de alta capacidad.