Caso Boreas: la instrucción eterna

El llamado caso Boreas, sobre supuestas adjudicacions irregulares en la Diputación de Lleida entre 2011 y 2018, se ha convertido en una causa interminable. La investigación se inició en 2016 y 5 años después muchos investigados todavía no han declarado en sede judicial. Esta anómala cicunstancia se explica por cómo se ha ido generando esta causa, que acumula 33 tomos y más de 7.000 folios, lo que la convierte en un caso gigantesco difícilmente assumible por un solo juzgado. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

En primer lugar por las características de la investigación.

El peso de las diligencias lo llevaron los Mossos a partir de 2016. El juzgado abrió ya entonces la causa correspondiente, pero no la tuteló de forma efectiva hasta dos años después, cuando se solicitaron diligencias que afectaban a derechos fundamentales (registros, intervenciones telefónicas, etcétera).

Los Mossos iniciaron en 2016 la investigación como lo habrían hecho en el supuesto de que estuviera vigente la reforma procesal que prevé que la instrucción la lleven los fiscales en lugar de los jueces, lo que no es el caso.

Con la actual ley lo recomendable es que los jueces dirijan la instrucción desde el principio. Las diligencias llegaron al juzgado cuando ya habían dado lugar a muchas ramificaciones.

El juzgado ordenó el registro de la sede de la Diputación en octubre de 2018, hace ahora 3 años.

Esta instrucción interminable causó la dimisión del entonces presidente de la corporación, Joan Reñé, provocada por el PDeCAT, su propio partido.En segundo lugar, el hecho de que el juzgado asumiera de forma efectiva la instrucción provocó que se declararan secretas las actuaciones durante meses, algo avalado por la ley pero que puede comportar cierto abuso para los derechos fundamentales de los investigados.En tercer lugar, la forma de desarrollar la investigación, con intervención directa del juzgado cuando la causa ya estaba muy avanzada, ha generado un volumen gigantesco inasumible para los recursos de una jueza de instrucción y una fiscal. Esto ha sido consecuencia de lo que algunos juristas califican como colonización del derecho penal: cuando la jueza tiene conocimiento de las diligencias, la policía le entrega un informe ya cerrado.

Eso ha derivado en una acumulación de causas que inicialmente se habrían podido investigar en juzgados distintos, y en consecuencia con jueces y fiscales distintos, lo que habría agilizado las diligencias al disponerse de muchos más recursos.

A la investigación iniciada por supuestas comisiones se añadió otra por la presunta falsificación de facturas para financiar CDC, que se separó en otra causa; a otra sobre supuestas irregularidades en el mantenimiento de las carreteras en Ponts, que también se separó en otra causa; etcétera. Todas ellas las instruye un solo juzgado.

La dilación pone en riesgo derechos fundamentales

La consecuencia de cómo se ha instruido la causa es que 5 años después del inicio de las investigaciones, y 3 después del registro de la Diputación, muchos imputados aún no han declarado en sede judicial, y solo algunos lo han hecho en el último medio año (Joan Reñé negó el pasado mes de junio el cobro de comisiones ilegales y dijo que sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos).

Esta dilación tiene importancia porque la justicia que es lenta no es justicia. En una de las causas desgajadas, la defensa de los investigados (entre ellos el jefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet) pidió el pasado mes de diciembre que se archivara, y muchos meses después no había recibido respuesta.

Ahora mismo la instrucción de esta pieza separada está casi cerrada, pero aún viva.

El hecho de que la causa inicial se haya desgajado en otras ha provocado, por ejemplo, que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional haya reclamado parte de la investigación porque podría afectar al caso del 3%, que se investiga allí. Si se lo queda, algunos investigados (entre ellos empresarios de Mollerussa y Huesca a quienes se imputa falsificiación de facturas para financiar a CDC) podrían tener que declarar como imputados en Madrid y como testigos en Lleida.

Declarar como testigo conlleva la obligación de decir la verdad, con lo cual podrían perjudicar a sus propios intereses.

Es un contrasentido como el que afrontó Trapero cuando declaró como testigo en el juico del 1-0 a pesar de que tenía pendiente una causa de la que finalmente fue absuelto.