ENERGÍA RENOVABLES
El 30% de la energía renovable, en manos del territorio que la genera
Promovida o participada por particulares, empresas y entidades locales || Objetivo de la Generalitat para 2030 que ha chocado con críticas ecologistas y vecinales
Protesta contra la concentración de renovables el miércoles.
El 30% de la energía renovable de Catalunya deberá estar en manos del territorio donde se genera en 2030. Más concretamente, deberá estar “distribuida y participada en propiedad o financiación” por la ciudadanía, pequeñas y medianas empresas, administraciones locales y comunidades energéticas. Este es el objetivo que establece la Generalitat en su nuevo decreto sobre energías limpias, que deberá someterse hoy a la aprobación del Consell Executiu.
Forma parte de una nueva estrategia del Govern para la “democratización” y “descentralización” de la energía solar y eólica (ver desglose), aunque esta propuesta ha chocado con la oposición de plataformas ecologistas y vecinales. La Xarxa catalana per una transició energètica justa, que engloba a 89 colectivos de toda Catalunya, valoró ayer que el objetivo de un 30% de producción de energía renovable participada o promovida desde en territorio es insuficiente, porque “mantiene el 70% restante en manos de grandes empresas”. La entidad cree que la propuesta del Govern no frenará la tendencia actual, basada en grandes instalaciones concentradas en manos de unas pocas empresas.
Por este motivo, insistieron en reclamar una moratoria en la autorización de nuevas plantas y dar más protagonismo a proyectos de energías limpias impulsados por la ciudadanía.Las limitaciones que plantea la Generalitat para evitar una fuerte concentración territorial y empresarial de las renovables han recibido tanto críticas ecologistas y vecinales como del sector de las energías limpias.
Cambiar el decreto de 2019, el primer paso para un cambio de rumbo
? La reforma del decreto de 2019 es el primer paso de una nueva estrategia para la transición energética de la Generalitat. Incluirá una nueva ley; un plan para decidir dónde se ubicarán las nuevas plantas en colaboración con las comarcas; una compañía eléctrica pública para impulsar proyectos, y una red técnicos en cada comarca para asesorar a los municipios, entre otras medidas.
El president, Pere Aragonès, y la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, las anunciaron el pasado miércoles.
