Las ciudades deberán generar la mitad de su energía con fuentes renovables

Las zonas urbanas deberán generar la mitad de la electricidad que consumen a través de fuentes renovables en 2030. Allí donde no sea posible, deberán establecer compensaciones para áreas rurales que produzcan energías limpias. Así consta en el decreto ley que aprobó ayer el Consell Executiu. Esta normativa pretende aumentar el protagonismo de las ciudades en una transición energética que, hasta ahora, ha recaído casi por completo sobre el mundo rural.

La concentración de proyectos para molinos y paneles solares en comarcas como la Segarra, Les Garrigues y el Pallars Jussà ha sido objeto de protestas. “Las ciudades también deben participar en la transición energética”, recalcó la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà. El decreto prevé una mesa de diálogo para abordar propuestas de “compensación pública entre territorios rurales y zonas urbanas” donde las políticas para impulsar las renovables no basten para cubrir el 50% de la demanda eléctrica.

Sin embargo, Jordà puntualizó que el objetivo “no es compensar”, sino desarrollar las renovables de forma equilibrada. Para ello, apuntó que “aumentará el suelo disponible” para centrales solares y eólicas al permitirlas “en suelo urbanizable, desarrollado o no”. El decreto también acentúa las restricciones a instalarlas en fincas agrícolas.

La consellera añadió que el Govern “dará ejemplo” con paneles solares en sus edificios públicos y avanzó que Justicia impulsará una reforma del código civil para facilitar que comunidades de vecinos los instalen en viviendas. Jordà avanzó que el decreto ley entrará en vigor con carácter inmediato y supondrá poner en marcha 19 proyectos de energía solar de menos de 5 megavatios (MW) de potencia, que se consideran en consonancia con la nueva normativa. Señaló que algunos están previstos en Les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pla, el Segrià y el Solsonès.

Por el contrario, más de cien centrales solares y 40 eólicas en Lleida deberán reiniciar su trámite desde cero y cumplir los requisitos de la nueva norma (ver desglose). El decreto se complementará con una ley, un plan sectorial y una eléctrica pública, entre otras medidas.

Segunda línea en Lleida para llevar luz desde Aragón hasta Barcelona

El grupo Forestalia, promotor de una línea eléctrica de muy alta tensión entre Huesca y el Pallars Jussà, ha inciado la tramitación de otra que atravesará una docena de municipios del Segrià y Les Garrigues. Las dos infraestructuras tienen la misma finalidad: transportar hasta Barcelona y su área metropolitana la electricidad que generarán molinos de parques eólicos en Aragón.El trazado de esta nueva línea atraviesa los municipios de La Granja d’Escarp, Seròs, Maials, Llardecans, Torrebesses, La Granadella, Els Torms, Juncosa, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell, Vinaixa y Tarrés. Desde allí prosigue a través de Tarragona y Barcelona hasta la subestación de Rubí. Así consta en la documentación del proyecto, cuya solicitud de autorización ambiental se publicó ayer en el BOE. Al tratarse de una línea que atraviesa más de una comunidad, su autorización corresponde al Estado, si bien este recabará informes de la Generalitat. La línea de Forestalia en el Pallars ha chocado con oposición vecinal y ecologista. También la Diputación se ha pronunciado en contra.

Prioridad a centrales pequeñas con conexión a la red de media tensión

Jordà insistió en que el nuevo proceso de autorización dará prioridad a los proyectos de menos de 5 MW y que puedan conectarse a la red de media tensión. Estas centrales (casi todas solares, ya que las eólicas suelen superar con mucho esta potencia) contrastan con las grandes instalaciones que requieren líneas de alta tensión para evacuar la energía que producen. La consellera recordó que proyectos de más de 5 MW deberán ofrecer una participación de al menos el 20% a empresas, particulares y entes locales del territorio que los acogen, mientras que las plantas de menos potencia quedarán exentas de esta obligación. En cualquier caso, todos los promotores deberán informar a los ayuntamientos y obtener el visto bueno de los dueños del 50% del suelo afectado por molinos y paneles solares. Además de dar preferencia a las instalaciones con menor potencia e impacto ambiental y pasiajístico, la nueva estrategia de la Generalitat pretende dar prioridad a proyectos impulsados por el territorio, como los promovidos por entes locales o comunidades energéticas.