FINANZAS LOCALES
Los ayuntamientos de Lleida prevén perder hasta 11 millones del impuesto de plusvalía
Rebajarán sus cálculos de ingresos a raíz de la sentencia del Constitucional que impide recaudarlo || A la espera de que el Estado rehaga la fórmula para calcularlo o establezca compensaciones
El pleno de Les Borges Blanques.
Los ayuntamientos leridanos dejarán de ingresar entre ocho y once millones de euros al año en concepto de impuesto de plusvalía, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que impide recaudarlo. Así se desprende de las cuentas que los municipios de la provincia han presentado a la Generalitat entre los años 2019 y 2021. Dejarán de cobrarlo y reducirán sus previsiones de ingresos en consecuencia en los presupuestos del próximo año.
Todo ello, a la espera de que el Estado elabore una nueva fórmula para calcular el importe de este impuesto, que grava las transferencias de inmuebles, o bien establezca compensaciones, tal como exigen entidades municipalistas como la ACM y la FMC. El fallo del Constitucional, que se dio a conocer esta misma semana, ha cogido por sorpresa a los ayuntamientos justo en los días en que aprueban sus ordenanzas fiscales para 2022. Los de Balaguer, Les Borges y Solsona aprobaron anoche las suyas (ver desglose).
Alcaldes y alcaldesas de las capitales de comarca coincidieron en explicar que no suprimirán la previsión del impuesto de plusvalías de sus ordenanzas tras la sentencia. Se limitarán a interrumpir su cobro a la espera de conocer qué alternativa ofrece el Estado, responsable de regular este gravamen. El alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal (ERC), apuntó que, al margen de la reducción de ingresos en 2022, está por determinar cómo el fallo judicial afectará a la recaudación de este impuesto este año.
La capital de la Noguera recauda unos 300.000 euros por este impuesto. La alcaldesa de Les Borges, Núria Palau (JxCat), se mostró preocupada ante la posibilidad de reclamaciones sobre plusvalías ya liquidadas, que suponen unos ingresos de unos 225.000 euros anuales. Fuentes del sector inmobiliario apuntan a la posibilidad de hacerlo en municipios que lo cobran mediante autoliquidaciones. Por su parte, el borrador de la sentencia no prevé retroactividad.
El Gobierno español garantiza soluciones aunque no las concreta
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, afirmó ayer que el Gobierno “dará una respuesta satisfactoria” a la pérdida del impuesto de plusvalía, “que provoca una merma en las arcas municipales”. En el conjunto de España se estima en 2.500 millones. “Tenemos absoluto compromiso con los ayuntamientos”, recalcó, aunque no avanzó propuestas a la espera de evaluar la sentencia. Por su parte, los diputados de ERC en el Congreso exigen explicaciones mientras que los senadores republicanos proponen un fondo de compensación.
