«Vivo cerca de varios molinos y no me molestan»

El alud de proyectos de energías renovables en Lleida ha vuelto esta semana a la casilla de salida. El nuevo decreto ley de la Generalitat hará que más de cien centrales solares y 42 eólicas deban reiniciar los trámites para obtener autorización, y sus promotores deberán satisfacer ahora nuevas exigencias del Govern y los ayuntamientos. Los que no puedan o no quieran hacerlo tienen tres meses para desistir sin perder las fianzas millonarias que depositaron para solicitar conexiones a la red electrica.

Muchos suspirarían con alivio si estos proyectos desaparecieran de sus municipios. “Nosotros ya tenemos suficiente”, afirma Atzara Noguera, alcaldesa de La Granadella. Allí funcionan 43 molinos y hay 16 más en construcción en el nuevo parque eólico de Solans, el primero autorizado en ocho años.

Son más de la mitad de los instalados en Les Garrigues y uno de cada 4 de Lleida. Además hay proyectos para otros dos parques eólicos y 7 centrales solares que sumarían 500 hectáreas. “Si las construyen, al menos tres jóvenes agricultores se quedarán sin la tierra que cultivan”, explica Noguera, que considera que este colectivo es decisivo para revertir la despoblación rural.

“Viven en el pueblo todo el año y hacen posible que haya comercio, escuela y otros servicios”, dice. Los primeros molinos de La Granadella empezaron a funcionar en 2012. Al preguntar a los vecinos sobre la convivencia con ellos, hay quien echa de menos el silencio y quien asegura que ni siquiera oye girar las aspas.

Unos y otros señalan como inequívocos beneficiarios a quienes cobran alquiler por fincas donde se alzan aerogeneradores. En cuanto al resto del pueblo, creen que el dinero que aportan los parques eólicos al ayuntamiento apenas ha supuesto avances. El consistorio cobra más de 300.000 euros al año en impuestos y espera recibir más de 3 millones tras años de litigios con el promotor.

“La mejor compensación hubiera sido electricidad para los que vivimos aquí”, valoran vecinos como Ignasi Gibert, en un momento en que el precio de la luz bate un récord tras otro. En Almatret, con 44 molinos, hay proyectos para dos parques eólicos más y una central solar. El alcalde, Jordi Tarragó, está abierto a nuevas instalaciones, pero disconforme ante planes para desplegar paneles solares en la zona de antiguas trincheras de la Guerra Civil y para construir aerogeneradores de 225 metros de altura a solo un kilómetro del pueblo.

También le preocupan posibles perjuicios a la ganadería: “Si llenamos el suelo de paneles solares no habrá donde verter el purín de los 40.000 cerdos que tenemos, y en 3 o 4 años esto podría provocar el cierre de granjas”, apunta. En el extremo opuesto, no falta quien lamenta las nuevas limitaciones que establece el decreto ley de la Generalitat. El alcalde, Ramon Trullols, cree que Catalunya se arriesga a “pierda el tren de las renovables”.

El alcalde de Castelldans, Conrad Llobera, lamenta solo se permitan plantas solares para autoconsumo en los nuevos regadíos promovidos por la administración. “Algo se hace mal si no se pueden destinar 200 hectáreas a energía solar en Castelldans, con casi 4.000 de regadío entre el Segarra-Garrigues y el Urgell”, opina. Las críticas surgen también de sectores ecologistas, escépticos ante la reforma de la Generalitat.

Así quedó patente ayer en una jornada de conferencias y debates sobre renovables en el Ateneu Popular de Ponent. Los ponentes recalcaron la necesidad de un plan territorial para regular las nuevas plantas.