El Estado restablece la plusvalía y dará dos opciones para calcularla

El Gobierno restablecerá a partir de mañana el impuesto municipal de plusvalía, a través de un decreto ley que dará al contribuyente dos opciones para calcularlo: podrán acogerse a coeficientes que se actualizarán cada año, o bien acreditar la diferencia de valor real del inmueble entre el momento de adquirirlo y el de transferirlo. Esta nueva fórmula permitirá a los ayuntamientos volver a cobrar este gravamen, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, el 26 de octubre, declaró nula la fórmula de cálculo vigente hasta entonces. Para restablecer el impuesto, el decreto ley fija de forma más clara que solo tributarán las transferencias con un aumento del valor del inmueble, y puntualiza que, para quedar exento, corresponderá al contribuyente declarar que no ha tenido ganancias.

Si las tiene, podrá acogerse al que más le convenga entre dos procedimientos para calcular la liquidación.El primero se basa en acreditar la diferencia entre el valor del inmueble en el momento de la adquisición y el que ha adquirido al transferirlo. El segundo sustituye los antiguos porcentajes anuales sobre el valor catastral por una nueva fórmula basada en coeficientes máximos. Estos varían en función de los años transcurridos entre la adquisición y la transferencia.

Los coeficientes oscilarán entre un 0,13 cuando transcurra un año entre la compra y la venta hasta el 0,45 cuando pasen 20 o más. Se actualizarán cada año a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, en función de la evolución del mercado inmobiliario

Podrán rebajar coeficientes de cálculo e incluso un 15% los valores catastrales para ajustarlos a la realidad local

Los ayuntamientos, por su parte, podrán rebajarlos, e incluso reducir un 15% los valores catastrales para adaptar el gravamen a la realidad del municipio. Asimismo, se gravan las plusvalías cuando pase menos de un año entre la adquición y la transmisión, al considerar que pueden tener un carácter especulativo.

Un impuesto que supone entre 8 y 11 millones para las arcas leridanas

La sentencia del Constitucional amenazaba con dejar un importante vacío en las arcas municipales, al impedir en la práctica el cobro de un impuesto que supone entre 8 y 11 millones de euros para los ayuntamientos leridanos. El fallo se conoció precisamente cuando los consistorios estaban inmersos en la redacción de sus presupuestos para 2022 y en la aprobación de sus ordenanzas fiscales. El decreto ley se publicará en el BOE a partir de mañana y entrará en vigor al día siguiente.

A partir de entonces, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas a la nueva norma estatal. Mientras que el Gobierno espera que el decreto ley permita cobrar el impuesto sin más incidencias, la asociación de técnicos de Hacienda Geshta cuestiona que se haga con un decreto ley.