Un pueblo de Lleida suprime el impuesto de plusvalía y deja de cobrarlo en 2022

El ayuntamiento de Torrelameu dejará de cobrar el impuesto municipal de plusvalía a partir del próximo año. Así lo acordó el pleno celebrado el lunes, que eliminó este tributo de las ordenanzas fiscales para 2022. El gobierno de ERC instó la derogación al considerarlo “lesivo para las familias” y “una sangría sin límite”.

Para los republicanos, pagar el IBI “es más que suficiente” y consideran injusto gravar además herencias y compraventas. La supresión salió adelante solo con los votos a favor de los cinco ediles de ERC. Los dos de JxCat, en la oposición, votaron en contra.

Los republicanos indicaron que esperaron a derogarlo a que el alcalde, Carles Comes, vendiese una propiedad que había heredado de su familia. “Una vez lo hizo ya podíamos eliminar el impuesto, y no antes”, recalcó el equipo de gobierno, que destacó la necesidad de “dar un claro ejemplo de transparencia”. Añadieron que han bajado o congelado el resto de tributos municipales.

Esta decisión llega en mitad de la reforma del impuesto de plusvalía para que los ayuntamientos puedan volver a cobrarlo, tras la sentencia del Constitucional que impide recaudarlo desde octubre (ver desgloses).

La Paeria de Lleida se prepara para volver a cobrarlo

Por su parte, la Paeria de Lleida recibió con satisfacción la reforma estatal del impuesto de plusvalía para poder reanudar la recaudación del “segundo impuesto que aporta más recursos a los municipios” y avanzó que se adaptará “lo antes posible” a la doble modalidad de cálculo de este tributo y estudiará “las nuevas casuísticas que se presenten” a raíz de la aplicación de este nuevo procedimiento.

El decreto ley para restablecer el tributo, ya en vigor

El decreto ley que aprobó el lunes el Consejo de Ministros para restablecer el impuesto de plusvalía ha entrado en vigor hoy tras su publicación ayer en el BOE. Los ayuntamientos tienen ahora un plazo de 6 meses para incorporar a sus ordenanzas el nuevo método para calcular este tributo, que permite al contribuyente elegir entre dos fórmulas: acreditar la diferencia de valor del inmueble al adquirirlo y al transferirlo; o bien acogerse a coeficientes que el Estado actualizará cada año. Este procedimiento sustituye al que declaró nulo el Constitucional. El texto del decreto ley destaca la necesidad urgente de evitar un “vacío legal” que “distorsionase el mercado inmobiliario” al “acelerar operaciones inmobiliarias para aprovechar la coyuntura de «no tributación» antes de que fuera aprobada la nueva normativa del impuesto”.