El juez ordena desahuciar a 9 familias al pasar a la Sareb los pisos que alquilan en Aitona

Nueve familias de Aitona denuncian que serán desalojadas de los pisos que tienen alquilados el 1 de diciembre, según les comunicaron los Mossos el pasado día 9. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Lleida avala su desahucio tras la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que se quedó con el bloque de viviendas donde residen tras quebrar la antigua promotora, la mercantil Mediterráneo Investment Partners. El fallo del juez considera que algunos contratos se han extinguido, hay recibos impagados y hay casos donde no hay justificantes que puedan demostrar que son los arrendatarios.

Tras publicarse la sentencia, contra la que no cabe recurso, los Mossos se personaron en las viviendas este mes para comunicar a las familias que debían abandonar sus casas. Siete son de origen magrebí, una colombiana y otra de la población. Todas están empadronadas y trabajan en esta localidad del Baix Segre.

En concreto, las magrebíes representan más 60 vecinos, entre ellos 17 niños de entre 2 y 17 años, escolarizados en el pueblo. Viven en un bloque de pisos a la entrada de la travesía en la calle Portal. La portavoz, Saadia Drihim, indicó que “todos los recibos, incluida la luz, el gas y el agua, están al corriente.

Fue la antigua promotora la que nos sugirió que no pagáramos el alquiler hasta que se hiciera cargo del bloque la nueva empresa propietaria, lo que puede suponer entre 3 o 4 mensualidades sin cobrar y que abonaremos”. Por lo que respecta a la renovación de contratos “se iba haciendo cada año, sin problema”. Las familias magrebíes aseguran que “lo que queremos es que se nos renueven para seguir pagando como hasta ahora”.

“No somos okupas, llevamos viviendo en estas casas algunos más de 10 años. Hemos hecho reformas y todo el mobiliario es nuestro”. Aseguran que “si nos echan de aquí no encontraremos casas ya que en Aitona no hay vivienda disponible, por lo que tendremos que marcharnos del pueblo, lo que será un problema para los niños, ya que muchos han nacido aquí”, dice Drihim.

Por esta razón, todos los grupos del ayuntamiento de Aitona (PDeCAT, ERC y PP), a los que se han sumando muchos vecinos, han hecho frente común para impedir el desalojo de estas familias. Así lo acordaron en una reunión este lunes. La alcaldesa, Rosa Pujol, ya se ha puesto en contacto con los servicios sociales de la Agència Catalana de l’Habitage, Ofideute, un organismo de la Generalitat encargado del asesoramiento y mediación sobre deudas hipotecarias y de alquiler, e incluso con el consulado de Marruecos, para impedir el desahucio. Pujol indicó que la Agència Catalana de l’Habitatge ya está negociando con la Sareb sobre esta problemática (ver desglose).

“Si son familias vulnerables, se les facilitará un contrato social”

Fuentes de la Sareb indicaron que se está estudiando la coyuntura de cada familia y “que en el caso de que haya vulnerabilidad, se les ofrecerá un contrato social”. Incidieron en que es el juez el que ha instado al desahucio después de denunciar el impago de préstamos por parte de la promotora y adjudicarse el inmueble. Pujol puntualizó que “no son familias vulnerables ya que todas tienen trabajo, casa y los niños están escolarizados, por lo que habrá que buscar cómo mantenerlos en Aitona, de donde no quieren irse”. Solo dos familias pueden permanecer en el bloque de 12 casas al considerar que tienen los contratos en regla.