POLÍTICA POLÉMICA
Archivan la causa por pagos a ediles y asesores en Vila-sana
La Fiscalía no ve delito en los cobros en concepto de dietas y asistencia a plenos || Tras una denuncia del grupo de ERC
El municipio de Vila-sana.
La Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta contra el equipo de gobierno de Vila-sana por parte del grupo de la oposición, Independents per Vila-sana –adscrita a ERC–, por unas presuntas irregularidades en la remuneración de compensación de gastos a concejales y asesores al no ver ningún tipo de delito penal. Se investigaban pagos del ayuntamiento desde el año 2015 a concejales y personas que han ejercido como asesores. La denuncia cuestionaba que los concejales cobraran una cantidad fija cada mes en concepto de dietas y asistencia a plenos.
En concreto, se asignó una remuneración de 150 euros mensuales a tres ediles de Junts en concepto de los gastos que se podían desprender de su dedicación y de 75 euros a cinco asesores por la gestión en las áreas en las cuales participaban de manera conjunta con los ediles. Estas remuneraciones estaban condicionadas en virtud de su actividad municipal y eran auditadas en el marco de la tramitación de las cuentas de la corporación municipal, según el consistorio. Los republicanos plantearon esta objeción en un pleno de 2016.
El secretario municipal les respondió con un informe que avala otorgar “una asignación a personal político o colaborador para compensar desplazamientos o gastos personales”. La oposición, disconforme, solicitó el pasado mes de mayo que se abrieran diligencias por investigación criminal a la Fiscalía con motivo de estas remuneraciones, aprobadas en su día por el plenario del ayuntamiento de Vila-sana. Debido a la denuncia, agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado mes de junio a la sede del consistorio y recabaron documentación sobre estas retribuciones para determinar si existían o no indicios de delito.
En su día, el alcalde, Joan Sangrà, defendió que estas asignaciones son legales, las calificó de “simbólicas” y aseguró que les aplican las retenciones correspondientes. En Lleida ha habido otras investigaciones por este mismo motivo, todas ellas archivadas al no apreciarse indicios de delito.
