VIVIENDA POLÉMICAS
La Sareb negociará con las familias de Aitona para evitar su desahucio
Compromiso con el ayuntamiento para buscar una solución caso por caso
La reunión de la alcaldesa con las familias afectadas.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o banco malo está dispuesta a negociar con las 9 familias de Aitona para suspender el desahucio previsto para el 1 de diciembre. Una sentencia del Juzgado de Lleida avala el desalojo a instancias de la Sareb y considera que algunos contratos se han extinguido, hay recibos impagados y casos donde no hay justificantes que puedan demostrar que son los arrendatarios, algo que los inquilinos niegan y atribuyen a que la antigua promotora que quebró les sugirió que no pagaran hasta que se hiciera cargo del bloque de pisos la nueva propietaria. Según la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, que ayer se reunió con responsables de la Sareb, el banco malo está dispuesto a estudiar caso por caso para ver si se pueden habilitar alquileres sociales o incluso si cabe la posibilidad de venta.
Pujol indicó que también se expondrá esta situación a los servicios sociales del consell del Segrià y se está negociando con la Agència Catalana de l’Habitage y Ofideute, un organismo de la Generalitat encargado del asesoramiento y mediación sobre deudas hipotecarias y de alquiler. Las familias, 7 de ellas de origen magrebí, están empadronadas en Aitona, los cabezas de familia tienen trabajo en el campo y cooperativas y los niños, 17 de edades comprendidas entre los 2 y 17 años, están escolarizados. Dicen que no son okupas y quieren vivir en el pueblo.
Si son desalojados, tendrán que abandonar la población
Pujol recordó que en Aitona no hay vivienda social que se les pueda ofrecer a las familias y que, en caso de que tengan que irse de los pisos de la calle Portal, tendrán que abandonar la población. La alcaldesa las convocó ayer por la noche para explicarles los avances con la Sareb y poder iniciar las conversaciones. El delegado de Derechos Sociales en Lleida, Joan Segura, aseguró la semana pasada que la Generalitat también trabaja para buscar una solución y señaló que no se contemplan traslados ni reubicaciones (ver SEGRE del 17 y 18).
