Las listas de espera en las residencias bajan más de un 12% desde la Covid

La lista de espera para entrar en una residencia de Lleida se ha reducido un 12,4% desde noviembre de 2019, antes de la crisis de la Covid.

En concreto, hay 163 personas menos que están a la espera de acceder a una plaza pública, que son la mayoría en la demarcación, según aseguraron fuentes de la conselleria de Derechos Sociales. De este modo, hace dos años había 1.316 personas aguardando plaza, aunque 370 de ellas habían renunciado a entrar en un centro en alguna ocasión, algunos hasta 11 veces. A principios de este mes la lista de espera era de 1.153, mientras que los que han declinado el acceso a un geriátrico han aumentado hasta 470, algunos en 15 ocasiones.

En cuanto a las causas de este descenso, no todas serían atribuibles a la entrada de nuevos usuarios por la muerte de los internos. Si bien es cierto que 337 usuarios de residencias de Lleida fallecieron por coronavirus y quedaron plazas libres en los centros afectos por los brotes, fuentes del sector apuntaron que también ha podido haber un descenso en el número de solicitudes o personas que hayan optado por borrarse de la lista de espera. El miedo al contagio también ha disuadido de ingresar a las personas mayores en residencias, por lo que la tendencia es que permanezcan el mayor tiempo en casa, garantizando una mejor atención domiciliaria antes de ingresar en un centro residencial, una tesis que también avala la patronal.Los geriátricos han estado en el punto de mira desde el inicio de la crisis sanitaria.

Falta de personal y de medios materiales contribuyeron a convertir las residencias para la tercera edad en el eslabón más débil en la pandemia. Los centros geriátricos registraron gran parte de los fallecidos por Covid y las graves carencias en algunos de ellos llevaron a la Generalitat a intervenirlos. Este fue el caso, por ejemplo, de la residencia de Tremp donde a finales del año pasado fallecieron 61 usuarios tras un brote en el que se infectaron la práctica totalidad de los mayores.

Este caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial (ver desglose inferior). Entre los aprendizajes que la pandemia deja en las residencias, se ha introducido una mayor división de los mayores en unidades de convivencia. Esta fue una medida derivada de la Covid y que busca prevenir que los contagios se extiendan por todo el centro en caso de que haya alguno.

No obstante, tanto la directora general de Autonomía Personal de la Generalitat, Montserrat Vilella, como la directora general de Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA, la patronal del sector), Montse Llopis, explicaron que esta división en grupos permite ofrecer una atención más individualizada. Residencias como el Centre Geriàtric Lleida o la Llar de Sant Josep de La Seu mantendrán estas divisiones. Vilella se refirió a los protocolos conjuntos entre las consellerias de Salud y Derechos Sociales y al impulso de un modelo más integral entre la atención social y sanitaria.

Llopis destacó que la pandemia les ha hecho aprender nuevos procedimientos para la protección de los mayores, como el refuerzo de las medidas de higiene para prevenir la entrada de la Covid y las herramientas de tratamiento psicológico. La llegada de las vacunas supuso un antes y un después en el abordaje de la pandemia. Los fallecidos cayeron en picado y han pasado a ser casos aislados.

Las restricciones se han suavizado y los usuarios han recuperado los paseos por el exterior de los centros y las visitas, que en la primera ola estaban prohibidos. Esto supuso una mejora a nivel emocional para los mayores. Por su parte, UGT y CCOO ponen sobre la mesa deficiencias como las ratios excesivas de mayores por cada uno de los trabajadores y salarios bajos.

La Generalitat anunció meses atrás un aumento de su aportación por cada plaza concertada en las residencias, al pasar de los 1.869 euros al mes actuales a 1.944. Esta subida estaba vinculada a que el personal recibiera un incremento salarial del 6%. El convenio laboral al que se acogen actualmente la mayoría de centros, según fuentes sindicales, asigna a los auxiliares menos de mil euros brutos al mes.

Se trata de una medida que no incluye a todos los centros y tampoco se ha implementado aún en aquellos que sí pueden beneficiarse de ella. Es objeto de recursos por parte de los excluidos.

La directora general de Autonomía Personal de la Generalitat, Montserrat Vilella, explicó que una de las líneas de trabajo para mejorar el sector de las residencias es reforzar aún más la calidad de la atención y avanzar hacia un modelo que esté “más centrado en las personas”.

En este sentido, señaló que “los grupos pequeños de convivencia son importantes”. También destacó que “una de las evidencias clarísimas” que ha dejado la crisis sanitaria del coronavirus es la necesidad de que exista un modelo “más integrado entre la atención social y sanitaria”. Asimismo, Vilella aseguró que los protocolos conjuntos entre las consellerias de Salud y Derechos Sociales han venido para quedarse.

Estos incluyen medidas de prevención ante la Covid y dijo que algunas de estas se podrían mantener, como por ejemplo los grupos estables de convivencia de usuarios y trabajadores. Este trabajo en común de ambos departamentos de la Generalitat ya existía antes de que estallara la pandemia, aunque era “más esporádico”. Ahora llevan a cabo “una reunión semanal para ir valorando y abordando la situación” del coronavirus en los centros.

Para poder mejorar el sector de las residencias, la directora general de Autonomía Personal también defendió llevar a cabo mejoras a nivel del personal. Por ejemplo, apostó por “subir las tarifas que pagamos por plaza para bajar las ratios”. De hecho, esta es una de las reivindicaciones de los sindicatos.

“Antes de acudir a una residencia, se debería facilitar que las personas se quedaran en sus casas y que tuvieran una buena atención domiciliaria antes de ingresar en un centro especializado de mayores que debería ser la última alternativa”. Así lo asegura la directora general de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Montse Llopis. Remarcó que la experiencia de la Covid ha sido muy dura y que ha habido un antes y un después de la vacuna.

Afirma que más de un 93% de los profesionales que se dedican a este trabajo están vacunados con la pauta completa pero sería bueno llegar al 100%. Por lo que respecta a los usuarios, lo están casi al completo. “Trabajar en esto es duro”, por lo que cree que el personal debería cobrar más y subir los sueldos, “sobre todo después de la respuesta que ha tenido, con una atención de 10” hacia los mayores.

La Covid ha dejado muchas plazas vacías por lo que las listas de espera se han ido reduciendo, aunque van retomando el ritmo de antes. No obstante, las familias ya son más partidarias de cuidar de sus mayores tras los efectos de la pandemia y el ingreso en un centro residencial debería ser la última alternativa, puntualizó. Entre los protocolos que han venido para quedarse, además de los higiénicos, cabe destacar la atención en unidades reducidas, aunque facilitando la interrelación y mucho mas rigor en el contacto con los mayores.

Ingresar en una residencia privada cuesta unos 2.000 euros mensuales.