Solo habrá pisos turísticos en municipios que los admitan y donde no, cerrarán en 3 años

La Generalitat limitará el uso de viviendas como alojamiento turístico solo a los municipios que lo autoricen de forma expresa en su planificación urbanística, y estos solo podrán hacerlo si acreditan que tienen inmuebles suficientes para residencia habitual de su población. Las casas y pisos que tienen ya autorización para albergar turistas, más de 3.400 en Lleida, deberán obtener una nueva licencia si su ayuntamiento lo permite; o bien cesar su actividad en un plazo de entre tres y diez años. Así lo prevén una serie de cambios en la ley de Urbanismo que ERC y Junts, socios en el Govern, quieren introducir a través de enmiendas a la ley de medidas fiscales y financieras que acompañará a los presupuestos.

Estas han recibido el visto bueno de la ponencia parlamentaria, lo que prácticamente garantiza su aprobación. Esta reforma se plantea cuando las viviendas de uso turístico (HUT) suman ya más de 19.000 plazas en Lleida, casi tantas como camas tienen los hoteles de la provincia, más de 19.800. A esta modalidad de alojamiento se han añadido este año la de vivienda turística compartida, que permite alquilar a turistas habitaciones de la propia vivienda habitual.

Municipios como Vielha, Bossòst, Àger y Bellver de Cerdanya han puesto en marcha moratorias y normas municipales para poner coto a este tipo de alojamientos en los últimos años (ver claves). Ahora la reforma que plantean ERC y Junts supone invertir este escenario: los ayuntamientos deberán elaborar planes para poder acoger pisos de uso turístico en lugar de para restringirlos. Las enmiendas proponen un periodo transitorio de tres años con “carácter de indemnización para todos los afectados” por los cambios en el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.

Más allá de este plazo, los titulares de estos alojamientos podrán predir una prórroga de siete años a los ayuntamientos. Para obtenerla, deberán acreditar que los tres años iniciales de actividad “no compensan” la pérdida de la licencia que ya tenían otorgada.En los municipios que sí otorguen licencias para viviendas de uso turístico, estas tendrán una vigencia de cinco años, prorrogables en la medida que lo permita la planificación urbanística de cada localidad. En todo caso, la concesión de permisos para estos alojamientos no podrá “poner en riesgo el desarrollo urbanístico sostenible”, según el texto de las enmiendas.

Moratoria para incineradoras y molinos a 500 metros de casas

Además de plantear cambios en la ley catalana de Urbanismo, las enmiendas a la ley de medidas fiscales y financieras que han recibido el visto bueno de la ponencia parlamentaria incluyen otras cuestiones que afectan a las comarcas de Lleida. Una de ellas es la moratoria a nuevas incineradoras de residuos que anunció meses atrás el departamento de Acción Climática. La conselleria espera aplicarla al proyecto de Nova Tracjusa, que pretende obtener gas de basura y usarlo como combustible parasecar purines en Juneda.

El promotor rechaza que esto sea incineración. También incluye cambios en el decreto ley de renovables que Junts pactó con ERC para validar esta norma en el Parlament. Suponen eliminar restricciones a parques eólicos, con medidas como permitir molinos a 500 metros de viviendas en lugar de un kilómetro que han chocado con oposición vecinal y ecologista (ver SEGRE de ayer).