La Audiencia confirma la inhabilitación del exalcalde de Alcarràs Miquel Serra por el 1-O

La Audiencia de Lleida ha ratificado la condena de tres meses de inhabilitación y multa de 450 euros para el exalcalde de Alcarràs Miquel Serra para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva en una administración local por un delito de desobediencia por facilitar la celebración del referéndum del 1-O en el municipio. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Serra, que actualmente es el presidente de la Federació Regional de ERC de Lleida pero no ocupa ningún cargo electo, contra el fallo del juzgado de lo Penal 3 del pasado octubre. La sentencia todavía no es firme y se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En este sentido, Serra afirmó a este periódico que “lo estamos estudiando con mis abogados, pero seguramente recurriremos para agotar todas las vías”. Sobre la condena, Serra aseguró que “hay que insistir en la defensa los derechos básicos de una sociedad democrática y libre a pesar de que el poder judicial persista con la represión a los electos. Hay que recordar que hay 3.000 ciudadanos que todavía están encausados”

El tribunal considera que “instruyó” y “organizó” a los ciudadanos para impedir la acción policial

La defensa del exalcalde de Alcarràs recurrió ante la Audiencia alegando que no se había acreditado que tuviera conocimiento de la providencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba la suspensión del proceso participativo, que diera instrucción alguna a la población para que fueran a votar el referéndum y que opusiera resistencia alguna a la actuación de los cuerpos policiales.

Sobre el primer aspecto, el tribunal dice que “el acusado captó con dolo (intencionalidad)” todos los elementos del delito de desobediencia y “se trata de una autoridad pública de la que además ha de presumirse su conocimiento del deber de acatamiento de las resoluciones del TC”. Recuerda que había un decreto de alcaldía de apoyo del referéndum y que “no existe duda alguna” que el centro cultural municipal “fue puesto a disposición de la administración electoral” para el 1-O y “el acusado, como máximo representante de la corporación local”, contravino el mandato del TC. Sobre su participación, afirma que Serra “impartió a los congregados en el centro denominado Casino un discurso -colgado en internet- en el que, micrófono en mano y dirigiéndose a la multitud de personas, les instruyó y organizó en cuanto al modo de proceder al día siguiente para impedir que la Guardia Civil y la Policía Nacional pudieran dar cumplimiento a las órdenes judiciales”.

Por último, recuerda que “se hallaba entre los concentrados que impedían el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, siguiendo dando instrucciones”. Por todo ello, desestima el recurso y confirma la condena, contra la cabe recurrir como última instancia ante el Supremo.

El Parlament aprueba que Juvillà mantenga el escaño

La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament aprobó ayer por amplia mayoría un dictamen presentado por los independentistas para que el diputado leridano de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, mantenga su escaño hasta que no haya sentencia firme y se evite así lo que pasó con el expresident Quim Torra.

Juvillà fue condenado el lunes a seis meses de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por no retirar cuando era concejal unos lazos amarillos de la Paeria en periodo electoral. La propuesta salió adelante con el apoyo de los representantes del PSC-Units, ERC, Junts, CUP y los Comuns, mientras que Vox, Ciudadanos y Partido Popular votaron en contra. Tras su aprobación, el dictamen se llevará al pleno de la Cámara del próximo jueves para su votación definitiva.

El punto del dictamen que se ha aprobado recoge que “no concurre ninguna causa de incompatibilidad sobre el diputado Pau Juvillà ni ninguna otra circunstancia que afecte a su condición de diputado del Parlament”.Ciudadanos y Vox ya anunciaron el lunes que pedirían a la Junta Electoral Central la retirada del acta a Juvillà, como ya pasó con Torra.