La empresa del puerta a puerta del Segrià pide 50.000 € más por los 3 primeros meses

La empresa que se encarga de la recogida de residuos puerta a puerta en 22 municipios del Segrià reclama unos 48.000 euros más al consell por los tres primeros meses de funcionamiento del sistema. Es el periodo que va de octubre a diciembre de 2018, en que el sistema domiciliario se fue implantando de forma gradual en las 22 localidades. De este modo, mientras unos pueblos ya contaban con el nuevo sistema, otros seguían con los contenedores tradicionales y Sorigué-Nordvert se encargaba también de sus residuos.

En concreto, la adjudicataria pide 184.636 euros por la recogida con contenedores, mientras que los informes de los técnicos del consell rebajan esta cifra hasta los 136.167 euros. Fuentes de la corporación explicaron ayer que el pleno que se celebrará hoy debatirá desestimar la reclamación presentada por Nordvert y elevar la cuestión a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para que resuelva esta cuestión. Por su parte, fuentes de Sorigué-Nordvert declinaron hacer declaraciones.

El puerta a puerta en el Segrià se puso en marcha de forma progresiva. Los primeros en sumarse al nuevo sistema fueron Aspa, La Portella, Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida, Els Alamús, Sunyer y Corbins, que lo hicieron el 1 de octubre de 2018. El 10 de diciembre de ese mismo año se incorporó Alcarràs, que fue la última de las 22 localidades en las que se implantó la recogida domiciliaria (ver claves).

En todas estas poblaciones, el reciclaje se ha disparado y se sitúa por encima del 70%. El puerta a puerta también se aplica en algunos barrios de Lleida ciudad. Otros quince municipios del Segrià optaron por la recogida de residuos mediante islas de contenedores.

En este caso, el servicio va a cargo de la UTE de FCC y Arnó.

El tribunal rechaza cambiar de gestor ya en el vertedero de Montoliu

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la UTE formada por FCC y Benito Arnó tras ganar el litigio contra Romero Polo y Valoriza y lograr que esta instancia judicial le adjudicara la construcción y la gestión del vertedero de Montoliu, un concurso que este segundo grupo había ganado en 2017. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

Mientras, FCC y Arnó pidieron al TSJC que obligara a ejecutar provisionalmente el fallo y decretara el cambio de adjudicatario ya. El tribunal ha rechazado estas medidas cautelares y ambas empresas no han recurrido para no dilatar la decisión del Supremo. Esto se produce cuando las obras de ampliación prácticamente han concluido.

Los trabajos se adjudicaron por 14 millones; el coste de gestión en los primeros diez años se estimó en otros 25,7 y el valor total de la contratación se estimó en 122 millones.