Suben las tasas de la basura, se congela el resto y desaparece el IBI de la autopista

2022 será el primer año después de cinco en que los 16 municipios del Segrià y Les Garrigues por los que pasa la autopista AP-2 dejen de ingresar 1,3 millones de euros por el IBI que pagaba la concesionaria, Abertis, desde que en 2016 finalizó la bonificación que había tenido hasta entonces del 95% del impuesto. El 1 de septiembre se levantaron las barreras de los peajes al finalizar la histórica concesión y la gestión pasó al Estado, exento del pago del impuesto. Los 16 municipios aún recaudaron la parte proporcional del impuesto entre enero y agosto de 2021.

Para 2022, esta merma afecta a los propios presupuestos municipales que, como en el caso de Castelldans, se han tenido que reducir. Más allá de la autopista, el IBI ha registrado modificaciones en algunas ordenazas municipales de 2022 para penalizar las viviendas vacías o bonificar su entrada en el mercado del alquiler.En cuanto al resto de tasas, las que más varían son las de la recogida de basura, que van al alza (entre un 10 y hasta un 20%, por ejemplo, en Tàrrega), en consonancia con la subida del canon de residuos de la Generalitat, mientras que por lo general los otros impuestos municipales se congelan, salvo notables excepciones (ver claves). Por ejemplo, Balaguer mantiene las tasas y sube un 10% la de la basura, la misma subida que en Mollerussa, donde buena parte del resto se preservan.

En Lleida ciudad, las tasas municipales se mantendrán congeladas en 2022, con la excepción de la tarifa del agua, que este año ya aumentó un 3% de forma general. La cuota fija mensual subirá un 3%, mientras la del agua consumida no variará para las familias que gastan hasta un máximo de 9 metros cúbicos mensuales, pero se disparará para el resto de tramos más elevados. Así, la tarifa del bloque de consumo de entre 9 y 15 metros cúbicos al mes se encarecerá un 10%; la de entre 15 y 18 m3, un 15%; y la fijada para todo el gasto que exceda de estos 18 m3 mensuales, un 20%.

Según el equipo de gobierno de la Paeria, un 87% de los usuarios solo gastan un máximo de 9 metros cúbicos.

Difícil gestación de las ordenanzas en Lleida

Las ordenanzas fiscales de Lleida ciudad para el próximo año tuvieron un parto lleno de dificultades, ya que la falta de apoyos obligó inicialmente al gobierno a dejar su propuesta sobre la mesa. Finalmente, alcanzó un acuerdo “in extremis” con sus exsocios del Comú.

Al margen de la congelación general, introduce un sistema de recargo y bonificación de la tasa de basura en los lugares donde se aplica la recogida puerta a puerta: Ciutat Jardí y parte de Pardinyes y Balàfia. Los que lo hagan muy bien tendrán una rebaja del 20% y los que lo hagan mal, un recargo del 40%. Pero aunque la baremación se pondrá en práctica el próximo año no entrará en vigor hasta 2023.

Por otra parte, el recibo del agua de Lleida (ver texto central) incluye la tasa de alcantarillado, que sí subirá para todos, después de que este año también se haya incrementado un 30%. En esta ocasión, para el bloque de 0-9 m3 subirá un 15%, pero en los tres bloques restantes se disparará nada menos que un 120%, aunque su importe es reducido en comparación al del agua. La aprobación de estas tarifas resultó complicada, ya que contó con los únicos votos a favor de ERC y la abstención de Junts, su socio de gobierno, del PSC y el Comú.

Las ordenanzas de la Paeria deberán ser ratificadas en un pleno el lunes y tienen apoyos suficientes. Van al margen de los presupuestos para 2022, vinculados a la cuestión de confianza a Miquel Pueyo.

Los consistorios reforman la plusvalía para volverla a cobrar

Los ayuntamientos han empezado a aprobar ordenanzas para volver a cobrar el impuesto de plusvalía, después de la sentencia del Constitucional que declaró nula en octubre la fórmula empleada hasta entonces para calcular su importe.

En la práctica, este fallo judicial hizo imposible cobrar este gravamen hasta que el Gobierno aprobó en noviembre un nuevo método de cálculo, que ahora los consistorios incorporan a sus ordenanzas fiscales. Esto ha supuesto un periodo en que los consistorios leridanos no han podido cobrar la plusvalía, que supone entre 8 y 11 millones al año en la provincia. Por su parte, el consistorio de Torrelameu optó por derogarla.