El Estado aparca por ahora el 'peaje' de las autovías debido a su impopularidad

El Estado ha aparcado por el momento el pago para circular por las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) que preveía implantar a partir de 2024. Esta decisión llega debido a la impopularidad de la medida y por la falta de consenso político. De hecho, según avanzó El País, este proyecto podría no llegarse a implantar hasta la próxima legislatura (la actual termina a finales de 2023).

Este modelo provocó también duras críticas de los transportistas y la patronal Asotrans ya aseguró que el sector “ya paga suficientes impuestos a nivel de hidrocarburos” y pidió que se destinara una parte de la recaudación de esta tasa al mantenimiento de las carreteras. El “peaje” en las autovías, cuya recaudación debe destinarse a la conservación de estas vías, constaba en el plan que el gobierno central presentó ante la Unión Europea para solicitar fondos de recuperación ante la pandemia. El documento establecía que este sistema debería estar aprobado antes del 31 de diciembre de 2023, según El País.

El objetivo era poner en marcha el pago en las autovías y autopistas 2024 y el Estado incluso llegó a barajar un importe de hasta 50 euros al año en el caso de los turismos, unos 100 euros para los camiones y entre 15 y 25 euros en el caso de las motos. En Lleida, este sistema afectaría al menos a la A-2, A-14, A-22, y AP-2. Esta última dejó de ser de pago el pasado 1 de septiembre después de más de 44 años de peajes en la autopista.

Con toda probabilidad también implicaría a la C-25 (Eix Transversal), aunque es titularidad de la Generalitat. Desde el ministerio de Transportes explicaron a finales del pasado mes de noviembre que se había creado un grupo de trabajo para definir las líneas y objetivos del modelo. Asimismo, aseguraron que hasta 25 Estados miembros de la Unión Europea ya tienen tarificada su red de carreteras y en 15 de ellos representa el 100% de la red de vías de alta capacidad.

Reunión para abordar nuevos accesos a la autopista

El grupo de ERC en Seròs se reunió ayer con el presidente de la Diputación, Joan Talarn, para conocer la propuesta de la corporación provincial para construir un acceso a la AP-2 entre este municipio del Baix Segre y Fraga. Los republicanos recordaron a Talarn la importancia que tiene esta entrada, que enlazaría con la C-45 y A-242, porque “daría un servicio más directo a los municipios de Almatret, La Granja d’Escarp, Llardecans, Massalcoreig, Maials y Seròs” y ayudaría a fijar población “en los núcleos que tienen muy cerca la autopista y que de otra forma no se beneficiarían directamente de la liberalización de esta vía”. Talarn recordó que una de las prioridades de la Diputación es la lucha contra la despoblación.

La propuesta de la corporación cifra en casi 12 millones el coste de los nuevos accesos que reclama al Estado. Además del de Seròs, también pide entradas en Sudanell y Artesa de Lleida y reformar la ya existente en Soses. La AP-2 cuenta actualmente con otros 3 accesos a su paso por Lleida.

Son los de Albatàrrec-Lleida, Les Borges y L’Albi. Asimismo, también está próximo el enlace de Fraga.