MUNICIPIOS VIVIENDA
Denuncia al alcalde de La Portella ante los Mossos por el desalojo
La oposición exige un pleno para pedir la dimisión del primer edil
El alcalde de La Portella, Carles Català (PDeCAT), es objeto de una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por el desalojo que llevó a cabo junto a otras cuatro personas de un piso de su propiedad el pasado lunes (como avanzó SEGRE el martes). La interpuso ayer por la tarde el vecino expulsado de la vivienda, tres días después de encontrarse con sus pertenencias en la calle y la camiseta que llevaba puesta hecha jirones. En su denuncia acusa a Català de haberle dado puñetazos en las costillas y en un hombro para echarlo del domicilio.
El primer edil y los que iban con él lo desalojaron personalmente, sin que participasen representantes judiciales ni agentes de policía. Esto provocó sorpresa entre los vecinos y hubo quien registró vídeos. El denunciante asegura que pagaba 200 euros de alquiler más los gastos de la vivienda, si bien lo hacía en efectivo y sin contrato.
Tras el desalojo, ha encontrado apoyo y asistencia entre sus amistades de esta localidad del Segrià. Una vez presentada la denuncia ante los Mossos d’Esquadra, corresponderá a la autoridad judicial decidir si se abre una investigación, según puntualizaron fuentes de la policía autonómica. Català, por su parte, ha declinado hasta la fecha hacer declaraciones.Por su parte, el grupo de Independents-Acord Municipal, en la oposición en el ayuntamiento de La Portella, formalizó ayer la solicitud de un pleno que deberá celebrarse en las próximas semanas, y en el que pedirán la dimisión del alcalde.
Cabe recordar que la oposición municipal de cualquier consistorio tiene la potestad de forzar la convocatoria de hasta tres sesiones plenarias. Tanto los ediles de Acord Municipal como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Lleida han reclamado explicaciones al primer edil (ver SEGRE de ayer). Esta última entidad valoró que es “intolerable” un desalojo que considera “ilegal” al no ir precedido de una orden judicial y lo calificó de “prácticas mafiosas”.