Municipios de la Segarra pueden perder siete millones si el Estado autoriza un parque eólico

Dos empresas optan a instalar molinos de viento en una misma zona de la Segarra, comprendida entre los municipios de Talavera, Ribera d’Ondara y Montoliu. Sus respectivos proyectos son incompatibles entre sí, de modo que el primero que obtenga autorización desbancará al otro. Es una carrera en toda regla, y del resultado depende que los ayuntamientos puedan repartirse o no más de siete millones de euros durante un periodo de treinta años.

Esta es la cantidad que ofrece uno de los promotores, el único que ha pactado ya compensaciones al margen de los impuestos municipales con los consistorios de Talavera y Ribera d’Ondara (ver claves). Sin embargo, este es precisamente el que parece estar en desventaja respecto a su competidor. Los proyectos de los dos promotores se tramitan ante administraciones diferentes.

Por un lado, el grupo aragonés Samca ha solicitado licencia a la Generalitat para tres parques eólicos, llamados Conca de Barberà I, II y III. Por otro, Green Capital Power tramita ante el Gobierno español la autorización para la central eólica de Suró. La diferencia entre ambos se debe a que este último proyecto supera el umbral de los 50 MW de potencia, a partir del cual pasa a ser competencia del Estado.El proceso para autorizar los tres proyectos de Samca volvió en octubre a la casilla de salida, junto con decenas de parques eólicos en Lleida.

Son los afectados por el nuevo decreto de la Generalitat, que exige reiniciar la tramitación bajo nuevas condiciones, como informar a los ayuntamientos, obtener acuerdos con los propietarios del suelo y ofrecer al territorio la posibilidad de adquirir al menos un 20% de las futuras instalaciones. En cambio, la propuesta de Green Capital Power ha seguido su trámite sin interrupciones y sin tener que cumplir los requisitos de Ejecutivo catalán: el Gobierno español no los exige.Samca ha firmado ya convenios con Talavera y Ribera d’Ondara, en virtud de los cuales los ayuntamientos prevén recibir ingresos que se sumarán a la recaudación de impuestos locales como el BICES y el IAE. Por su parte, Montoliu de Segarra declina cualquier acuerdo con promotores de molinos hasta que esté claro qué proyectos serán una realidad.

Frente a estos pactos, nadie de Green Capital se ha puesto en contacto aún con los afectados, su proyecto supone menos molinos que los que quiere instalar Samca y por ahora, sin retribución adicional.