A juicio cinco agentes de la Guardia Civil por las cargas del 1-O en Ponts

Cinco agentes de la Guardia Civil serán juzgados acusados de delitos leves de lesiones después de que fueran denunciados por ciudadanos que resultaron heridos durante la carga policial que hubo por el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Ponts, según ha podido saber este periódico. Una treintena de vecinos tuvieron que ser atendidos en el CAP por fuertes golpes de porra y alrededor de una veintena presentaron denuncias, aunque algunos de ellos la han acabado retirando o han renunciado ante la imposibilidad de identificar a los autores. El caso lo ha investigado un juzgado de Solsona y el juicio debía celebrarse hace unos meses pero fue suspendido.

Finalmente ha sido señalado y está previsto que se celebre en una de las nuevas salas de los juzgados de Lleida. Una decisión que se ha tomado debido a las restricciones impuestas por la pandemia, que imposibilitaban que se celebrara en Solsona. Al parecer, dos de los agentes podrían acabar siendo juzgados por la vía penal.

Uno de ellos por un delito de hurto porque se habría apropiado de un teléfono móvil y otro, por un delito de lesiones. Sin embargo, los afectados temen que los agentes juzgados acaben siendo absueltos como ha pasado hasta ahora. Y es que las sentencias conocidas de momento en Lleida por el 1-O han absuelto a los agentes, en la mayoría de los casos por no poder conocerse su identidad o por considerar el juez que la fuerza utilizada era proporcionada.Las cargas policiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil causaron 123 heridos el 1-O en Lleida.

En Catalunya fueron un millar. Hubo incidentes en al menos una docena de colegios de Ponent. En la capital del Segrià fueron Cappont, EOI, Bienestar, Caparrella, Mariola y Ronda.

También hubo en Ponts, Alcarràs, Puigverd y Artesa de Lleida, Soses y Menàrguens. En el caso de Alcarràs, por ejemplo, ha sido condenado a tres meses de inhabilitación el exalcalde Miquel Serra para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva en una administración local por un delito de desobediencia por facilitar la celebración del referéndum en el municipio. También debe pagar una multa de 450 euros.