MUNICIPIOS POLÉMICA
Investigan al alcalde de La Portella por expulsar al habitante de un piso
Diligencias a raíz de denuncias que también cuestionan sus negocios inmobiliarios
Las pertenencias del habitante del piso propiedad del alcalde, al poco de ser expulsado de la vivienda.
La Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias para investigar el desalojo que el alcalde de La Portella, Carles Català (PDeCAT), llevó a cabo en un piso de su propiedad con la ayuda de otras cuatro personas el pasado 3 de enero. Lo hicieron personalmente, sin que mediaran agentes de policía ni representantes judiciales, y contra la voluntad del desalojado, que aseguró ser un inquilino al que no hicieron contrato y que pagaba el alquiler en efectivo. Así lo manifestó en una denuncia ante los Mossos que el juez archivó de forma provisional poco después.
Sin embargo, el Ministerio Público investigará tras recibir un escrito firmado por más de 30 vecinos de la localidad, que menciona este suceso y cuestiona también negocios inmobiliarios del primer edil. El escrito remitido a la Fiscalía afirma que el alcalde, titular de una constructora, ha adquirido y reformado diferentes inmuebles en el pueblo donde, según los firmantes, tendría inquilinos en situación presuntamente irregular, sin contratos ni recibos que dejen constancia del pago del alquiler. Esta es la situación que denunció el vecino expulsado del piso donde vivía el pasado día 3.
Asimismo, el texto cuestiona que todas las obras se hicieran con los permisos necesarios, y apuntan a la posibilidad de que el primer edil pudiera haberse aprovechado del cargo en beneficio propio. Las diligencias deberán determinar si estas afirmaciones son veraces. De forma paralela, el juzgado de Balaguer investiga la compra en 2016 de la rectoría de La Portella por parte de la empresa del alcalde, quien previamente había declarado el edificio en ruinas (ver desglose).
Català, por su parte, declinó hacer declaraciones.
Declaró una rectoría en ruina y su empresa la compró al obispadoLa investigación abierta en el juzgado de instrucción de Balaguer pretende determinar si el alcalde se aprovechó de su cargo para adquirir, a través de su empresa, la rectoría del pueblo. La compró al obispado en 2016, cuatro meses después de que el ayuntamiento, presidido por Català, declarase el edificio en ruina inminente y diera a la diócesis un mes para demolerlo.
Tras la compraventa, el consistorio dio en 2019 a la constructora del primer edil un nuevo plazo de tres años para ejecutar obras.
