El juzgado abre una investigación por la muerte de 64 usuarios de la residencia de Tremp

El juzgado de Tremp ha abierto dos procedimientos a raíz de la denuncia presentada por Fiscalía en relación a la gestión del brote de covid-19 que afectó a la residencia Fiella de la capital del Pallars Jussà en noviembre de 2020. Las causas se han abierto contra la exdirectora técnica del centro y  la responsable de Higiene Sanitaria; una por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores, y la otra por supuestos delitos de homicidio imprudente y vejación injusta. El brote provocó la muerte de 64 de los 142 residentes del centro y según la denuncia de la fiscalía de Lleida aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real.

La semana pasada fiscalía de Lleida presentó la denuncia contra las dos extrabajadoras de la residencia Fiella de Tremp y este miércoles el juzgado de la capital del Pallars Jussà ya ha abierto dos causas contra ellas. En los autos de las causas figura que se ha citado declarar a 49 trabajadores de la residencia, varios testigos más y Mossos d'Esquadra. En la denuncia hecha pública, se detallaban toda una serie de aspectos de gestión graves, por los cuales a pesar de la situación de pandemia mundial declarada 9 meses antes del hechos, las investigadas no actuaron como era de prever.

Entre las muchas irregularidades descritas por fiscalía, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más próximos. Pasó, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed.

Otra de las incongruencias citadas hace referencia a la descoordinación. Era tan grande, según fiscalía, que incluso había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos. Otras irregularidades tendrían que ver con el incumplimiento del protocolo estricto de visitas de familiares, ya que no se habrían controlado y había personas con "ciertos privilegios" porque las visitas no se supervisaban ni se hacían de forma equitativa.

La gestión de los muertos por covid-19 fue caótica, según la denuncia, hasta el punto que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos, fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto y a otros no se les avisaba de que su familiar había muerto. No había un protocolo de defunción y eso provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus "propios medios".