La falta de secretarios se agrava con la jubilación del 50 por ciento de los funcionarios

Ayuntamientos y colegios profesionales han empezado a alertar de la falta de secretarios, interventores y tesoreros a la administración local. Son piezas clave para asegurar cualquier trámite y asesorar sobre la legalidad de todas las actuaciones. De los setenta y un funcionarios que hay en Lleida, treinta estarán en edad de jubilación dentro de cinco años.

Quedarse sin secretario o interventor supone una catástrofe para un ayuntamiento. En el 90% de los municipios de Lleida (215 de los 231 tienen menos de 5.000 habitantes), estas dos figuras se reúnen bajo un único profesional, por|para lo cual su marcha es un doble drama. El secretario interventor es quien asesora, autoriza y fiscaliza cualquier actividad de los ayuntamientos que suponga un pago o una contratación. No son “secretarios del alcalde”, como algunos suponen, sino fedatarios de una corporación local cuya figura pasa generalmente desapercibida.

Por medida|tamaño o por presupuesto, sesenta y siete ayuntamientos de pequeños municipios de Lérida están exentos de contratar a un secretario interventor y recurren|recorren al Servicio de Asesoramiento Técnico (SAT) de los consejos comarcales o de la Diputació, que habitualmente comparten varios municipios, para cubrir este trabajo. El resto de corporaciones sí que tienen que contar con una figura de estas características. Sin embargo, según datos de la dirección general de Administración Local de la Generalitat, hay hasta 195 plazas vacantes (que no ocupa ningún funcionario en propiedad) entre ayuntamientos, consejos y Diputació, de las cuales más de un centenar las ocupan interinos en una situación de provisionalidad que no favorece la estabilidad de la administración local.

Del total, sólo setenta y un secretarios interventores son funcionarios de habilitación estatal en Lleida y al ritmo que van las convocatorias de oposiciones la situación está lejos de mejorar.

El Estado recuperó la competencia para convocar los exámenes y en la convocatoria del 2019 (cuyas pruebas se llevan a cabo ahora) sólo salieron dos-cientas plazas para todo el Estado. Las jubilaciones amenazan además con agravar la escasez de secretarios municipales: en los últimos cinco años ha habido veintiocho jubilaciones y se esperan treinta más en los próximos cinco años, por lo cual en el lustro que viene se perderán casi la mitad de los efectivos, explica Cristian Cimadevilla, presidente del colegio de Secretaris, Interventors y Tresorers de Lleida. “En el 2019, dos aprobaron las oposiciones. Desde entonces, nada.”

Algunos ayuntamientos ya han tenido problemas por|para la ausencia de un secretario o un interventor. El caso de que más llama la atención es el de Balaguer, donde una plaza bien remunerada (57.000 € anuales) no se ha traducido en demanda para ocuparla. Los problemas para cubrir la secretaría y la intervención han dificultado la presentación de presupuestos o la convocatoria de las plazas del mercado semanal, que ha perdido unas cincuenta paradas en cuatro años.

El mundo local está en alerta y advierte a las administraciones supramunicipales que tienen que poner solución. Si no hay secretario, “el ayuntamiento se paraliza, no se pueden pagar facturas a proveedores ni las nóminas del personal. En muchas ocasiones, si el ayuntamiento no tiene personal auxiliar, no pueden aprobarse decretos o enviar un edicto” al Boletín Oficial, explica Lídia Carbonell, secretaria del ayuntamiento de la Pobla de Segur y miembro de la junta del colegio profesional. Según Patricia Ramírez, del SAT del Alt Urgell, la ausencia de profesionales, sobre todo en municipios pequeños, se debe “a la falta de apoyo|soporte, a la elevada responsabilidad y que no hay un equilibrio entre esta responsabilidad y las retribuciones”.

El sueldo explica en parte por qué en las zonas rurales es más difícil que los secretarios se queden. El salario base está marcado por ley, pero los complementos los decide el ayuntamiento. Esta situación lleva a las administraciones incluso a competir entre ellas para|por un funcionario o un interino. En el curioso caso de Balaguer, la interventora se fue a la Diputació para ocupar una plaza de tesorera; el viceinterventor de la Diputació fue a Balaguer como a secretario y el secretario de Balaguer, a la Paera de Lleida como oficial mayor

"LA COMPETENCIA PARA CONVOCAR Plazas IRÁ A LA BILATERAL"

Montse Fornells, Directora General Administración Local

¿Qué medidas se tienen que tomar para paliar el déficit de secretarios e interventores municipales? Ante todo, comparto con el sector el diagnóstico sobre la situación. Intentaremos abrir una bolsa de interinos lo antes posible, a marzo o a abril. Habrá que reducir plazos en relación con la última bolsa (que tardó un año en resolverse) e intentaremos que haya formación previa a los exámenes.

¿A qué atribuyen la falta de estos profesionales? Se trata de un problema de país. En Cataluña no hay tanta vocación de ser funcionario. Cuando las plazas se convocaban desde Cataluña, vinieron muchos candidatos procedentes de Valencia, por ejemplo. No hay mucha tradición. El traslado de la convocatoria de los exámenes en Madrid ha agravado esta situación.

¿Qué se tiene que hacer? Hemos detectado que hay mucho desconocimiento en torno a esta profesión, así que queremos trabajar con las universidades para darla a conocer. Es una buena salida para los licenciados en Derecho o Políticas, por ejemplo.

¿Como voz la situación en Lleida? Muchos de los que aprueban no piden Lleida como destino prioritario. Quizás también hay salarios un poco más bajos que en otros lugares por el tamaño de los ayuntamientos o el presupuesto local. El más habitual es que los habilitados nacionales estén en ayuntamientos de municipios mayores.

Este problema se agravará con las jubilaciones. Sí, muchos alcaldes están avisando ahora de que dentro de cuatro años o menos habrá muchos secretarios municipales en edad de jubilarse. Es la generación del baby boom.

¿Cómo prevén recuperar la competencia para convocar los exámenes a funcionario? Se quiso negociar con los presupuestos del 2022 y no se pudo. El País Vasco sí que lo consiguió. Actualmente la previsión es que se trate en la próxima reunión bilateral que habrá entre el Estado y la Generalitat.

LOS AYUNTAMIENTOS PIERDEN AYUDAS POR FALTA DE PERSONAL

El colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (CSITAL) recibe cada vez más llamadas de alcaldes y concejales comunicando la baja de su secretario y pidiendo ayuda. No todos pueden acudir al SAT: los consejos comarcales tienen treinta y seis técnicos en este servicio y la Diputació, tres más. En todo el Segrià hay una SAT que ya cubre de cuatro a cinco ayuntamientos.

El presidente del CSITAL, Cristian Cimadevilla, advierte que la falta de personal provoca que los ayuntamientos pierdan ayudas de otras administraciones para obras incluso ya hechas o servicios porque no lo piden a tiempo, no se hacen las contrataciones o no se justifican bien. Tanto es así que el colegio de secretarios ha advertido en varias ocasiones que los fondos Next Generation pueden pasar de largo de los ayuntamientos. Además, la dificultad por|para encontrar personal cualificado y los problemas de los recién llegados para asumir una ingente tarea han llevado al colegio a acordar varias medidas.

A propuesta de una de las colegiadas, se está creando la figura del acompañante: un secretario interventor de habilitación nacional con experiencia tutorizará el trabajo de los que empiecen y requieran más asesoramiento. De momento, se han presentado dieciséis voluntarios. Además, diseñan con la Universidad de Lérida un título de experto en derecho local: “Tenemos un proyecto para preparar oposiciones a través de la UdL”, explica Cimadevilla.

El proyecto va dirigido a recién licendiados en carreras como Derecho o Económicas que contemplen las oposiciones a secretario como una salida natural a su formación. La universidad creará el título de experto en derecho local y experto en derecho local adelantado|avanzado, que se otorgará a los alumnos que hayan adquirido determinados conocimientos aunque no hayan aprobado las oposiciones.

Al margen de estas iniciativas, tanto Cimadevilla como Eva Forcat y Lídia Carbonell, de la junta del CSITAL, afirman que para superar esta situación es imprescindible la implicación de la administración supramunicipal, a la cual han pedido la creación de más plazas de SAT.

“El sueldo medio es de 45.000 euros al año. Está bien remunerado y son trabajos que no se pueden deslocalizar”, recalcaron.