MEDIO AMBIENTE RESIDUOS
El juez anula la licencia de obras del vertedero de Riba-roja tras recurrirla Maials y Almatret
Los ayuntamientos impugnaron esta instalación a menos de siete kilómetros de sus núcleos urbanos || La sentencia que les da la razón llega cuando este depósito de residuos lleva ya dos años en servicio
Una manifestación en 2019 contra la construcción del vertedero de Riba-roja.
El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Tarragona ha declarado nula la licencia de obras municipal que hizo posible en 2019 la construcción del vertedero de Riba-roja. La sentencia estima un recurso que presentaron los ayuntamientos de Almatret y Maials junto con otros diez de la comarca de Ribera d’Ebre, todos en el entorno de este depósito de residuos industriales (ver claves). El fallo, dictado el 11 de febrero y que todavía no es firme, llega cuando esta instalación ya está en servicio y recibe desechos desde 2020.
La sentencia da la razón a los ayuntamientos demandantes al considerar que el vertedero industrial se encuentra en terrenos calificados como suelo de protección especial, una figura urbanística que no prohíbe actividades industriales, pero exige justificarlas. Señala que el promotor no argumenta la necesidad de instalar el depósito de residuos en estos terrenos y que no presenta el estudio de alternativas que establece la normativa. En base a ello, estima el recurso de los consistorios, representados por el abogado Santi Solsona, del gabinete jurídico leridano Cudós Consultors.El vertedero de Riba-roja recibió el visto bueno urbanístico y ambiental de la Generalitat en 2013, pero quedó paralizado en plena crisis económica.
Seis años después, en 2019, el proyecto que inicialmente promovió el grupo Urbaser pasó a manos de la empresa Lestaca, participada por la firma leridana Griñó. Esta dio el último paso: pedir la licencia de obras al ayuntamiento, un permiso que impugnaron los municipios en el entorno de Riba-roja. Los terrenos elegidos para el depósito de residuos estaban a poco más de 3 kilómetros del pueblo de Almatret y a 6,7 de Maials.El ayuntamiento de Riba-roja defendió la licencia durante el litigio, y también lo hicieron el promotor y la Generalitat, que se personaron en la causa judicial como codemandadas.
La sentencia les condena en costas a pagar 600 euros. Cabe recordar que los contrarios al vertedero creyeron tener el apoyo del Govern tras una conversación con el entonces President, Quim Torra. Sin embargo, el complejo pudo abrir y funcional sin obstáculos hasta la sentencia dictada ahora a raíz del recurso de los municipios afectados.
