Satisfacción en el Segrià por el fallo contra el vertedero de Riba-roja y el promotor recurrirá

El Segrià ha recibido con satisfacción la sentencia que ha declarado nula la licencia de obras que permitió construir en 2019 del vertedero de Riba-roja (como avanzó SEGRE ayer). Los ayuntamientos de Maials y Almatret la consideran una primera victoria para lograr la clausura de este depósito de residuos, en servicio desde 2020. Estos consistorios y los diez de Ribera d’Ebre que impugnaron la autorización deberán reunirse en breve para decidir si piden al juez paralizar la actividad del complejo.

Por su parte, el promotor y el gobierno local de Riba-roja han iniciado reuniones y se espera un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el fallo, que aún no es firme. El vertedero está a poco más de 3 kilómetros de Almatret. El alcalde, Jordi Tarragó (JxCat), se mostró “contento” al ganar una “primera batalla”, aunque también decepcionado al constatar que la Generalitat “fue a juicio a defender el vertedero”.

“El entonces President Quim Torra y el exconseller Damià Calvet nos dijeron que no se haría”, recordó. Añadió que, desde la apertura del depósito de residuos, “camiones de gran tonelaje, algunos de países com Italia y la República Checa, provocan daños en nuestros caminos”.Maials está a menos de 6,7 kilómetros del vertedero. El alcalde y presidente del consell del Segrià, David Masot (PDeCAT), expresó su confianza en que la sentencia conduzca a la clausura y apuntó que el fallo tiene “recorrido” más allá de anular la licencia municipal del obras.

La sentencia que da la razón a los alcaldes, representados por el abogado Santiago Solsona de Cudós Consultors, abre la puerta a anular también el plan urbanístico que la Generalitat aprobó en 2013 y que amparó la construcción del vertedero. Plantea una cuestión de ilegalidad sobre esta planificación, que se presentará ante el TSJC si el fallo es firme. El proyecto inició su tramitación hace más de una década promovido por Urbaser y lo ejecuyó finalmente la firma Lestaca, participada por el grupo leridano Griñó.

Fuentes de la empresa promotora expresaron su “desacuerdo con el contenido” de la decisión judicial y avanzarón que harán uso de “todos los trámites que permita la legislación para mantener la actividad” del depósito de residuos. Por su parte, el ayuntamiento de Riba-roja afirmó que actuará para “preservar los intereses económicos” del municipio (ver claves).