Clamor institucional para no perder el canon de residuos

La Generalitat se opone a que el Estado recaude el canon de residuos que ahora cobra la administración catalana por cada tonelada de basura que se vierte sin reciclar en los vertederos. El proyecto de una nueva ley estatal prevé asignar al Gobierno español esta competencia, hasta ahora en manos del Ejecutivo catalán. Este rechaza quedarse sin un gravamen que le proporciona recursos para mejorar la recogida selectiva y aumentar el reciclaje.

El president, Pere Aragonés, reunió a representantes del mundo local de Lleida y del resto de Catalunya en un acto de protesta contra la nueva normativa estatal, que deberá someterse a aprobación la próxima semana. Aragonès calificó el proyecto de ley español de “ataque frontal” al sistema catalán de gestión de residuos y fiscalidad ambiental. Recalcó que invade las competencias de la Generalitat y recorta “gran parte de su capacidad de acción” en esta materia.

Añadió que esto puede dejar “sin unos recursos indispensables a muchos ayuntamientos”, por lo que pidió “levantar la voz” para defender “una herramienta fundamental” de la política del país y “la capacidad del Parlament de decidir sobre la política de residuos catalana”.Instituciones y entidades catalanas han impulsado un manifiesto que pide dejar fuera de la nueva norma estatal las comunidades que ya apliquen el canon de residuos. Estiman que la recaudación por este gravamen en Catalunya el año pasado se sitúa en más de 90 millones de euros, mientras que en 2020 fue de 82 millones. Al acto institucional celebrado ayer en el Palau de la Generalitat asistieron representantes de las instituciones de Lleida como el alcalde de la capital del Segrià, Miquel Pueyo, y el presidente de la Diputación, Joan Talarn.

Aragonés agradeció el apoyo al manifiesto por parte de los representantes del mundo local.