Los Mossos concluyeron que la residencia de Tremp no aplicó ningún control en el inicio del brote

El juzgado de Tremp ha empezado este jueves a escuchar en fase de instrucción las declaraciones por la muerte por covid de 64 usuarios de la residencia Fiella, en noviembre de 2020. Los primeros que han sido citados a declarar como testimonios son varios Mossos d'Esquadra y responsables de Salud de entonces, como la entonces gerente en Lleida, Divina Farreny.

Según ha explicado Xavier Prats, abogado de la familia de una de las víctimas, el informe de los Mossos d'Esquadra concluyó que hubo un descontrol en la residencia y que no se aplicó ningún tipo de medida en los primeros días del brote de covid. Prats ha añadido que si no hubiera intervenido la Generalitat, se habrían producido más brotes.

Por su parte, Farreny ha hecho unas declaraciones públicas muy breves en las que no ha querido detallar cuáles han estado ni las preguntas que le han hecho ni las respuestas que ha dado por "respeto" al procedimiento. Sí que ha confirmado que se remite a lo que explicó en diciembre de 2020 en rueda de prensa en la que hizo referencia a una situación "descontrolada" ya que no se habían aislado a los contagiados ni los trabajadores hacían uso de EPIs, entre otros. Según Prats, Farreny ha declarado que Salud intervino la residencia a causa del elevado casos de covid que había y que cuando entraron encontraron que no había ningún listado de personal ni de residentes actualizado y que les costó mucho encontrar el plande contingencia.

El abogado de la directora de la residencia en el momento de los hechos, Luis Salas, ha destacado que las personas que han declarado este jueves han explicado "manifestaciones de terceros". En este sentido dice que habrá que escuchar a las personas que vivieron la situación directamente y niega descontrol por parte de las investigadas. "Fue una situación excepcional, totalmente incontrolable" y defiende la inocencia de su representada.

Las declaraciones de este jueves se enmarcan en la causa abierta contra dos extrabajadoras del centro por homicidio imprudente y trato degradante. Con respecto a la otra causa abierta contra las mismas investigadas, por un delito contra la seguridad en el trabajo, el juzgado ha llamado a declarar hasta 49 trabajadores de la residencia los días 4, 5, 8, 19 y 26 de abril.

El juzgado de Tremp abrió el 9 de febrero dos procedimientos en relación a la gestión del brote de covid-19 que afectó a la residencia Fiella de Tremp en noviembre de 2020, a raíz de la denuncia presentada por la fiscalía de Lleida, el 3 de febrero. Las causas están abiertas contra la exdirectora técnica del centro y la responsable de Higiene Sanitaria; una por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores y la otra por supuestos delitos de homicidio imprudente y vejación injusta.

El brote provocó la muerte de 64 de los 142 residentes del centro y, según la denuncia de la fiscalía de Lleida, aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real.

De entre las muchas irregularidades descritas por la fiscalía, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más próximos. Pasó, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed, recoge la denuncia.

Otra de las incongruencias citadas hace referencia a la descoordinación. Era tan grande, según fiscalía, que incluso había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos.

La gestión de los muertos por covid-19 fue caótica, según la denuncia, hasta el punto que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos, fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto y a otros no se les avisaba de que su familiar había fallecido. No había un protocolo de defunción y eso provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus "propios medios", asegura la denuncia.