“Habría habido más muertos si no se interviene la residencia de Tremp”

¿Negligencia? ¿Mala praxis? ¿Dejadez de funciones? ¿Trato vejatorio a los ancianos? ¿Cuántas muertes se habrían podido evitar? Estos son algunos de los interrogantes que deberá resolver la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Tremp que investiga a la residencia Fiella de la capital del Pallars Jussà, en la que un brote de Covid-19 que hubo en noviembre de 2020 acabó con la vida de 64 de los 142 usuarios en un mes.

Están imputadas, tras la querella de la Fiscalía, la exdirectora del geriátrico, Remei Navarri, y la exresponsable de Higiene Sanitaria, M.R.N.O., por homicidio imprudente, trato vejatorio a los usuarios y por las condiciones de trabajo de los empleados. Los interrogatorios empezaron ayer y sirvieron para que los Mossos d’Esquadra que se hicieron cargo de la investigación a petición de la Fiscalía, la entonces gerente de Salud en las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, y la directora que se encargó del centro cuando este fue intervenido por Salud, Elena Badia, corroboraran que “hubo un descontrol total”, según dijo Xavier Prats, abogado de la familia de uno de los fallecidos, que ejerce la acusación particular y que asistió a las declaraciones. Farreny, que atendió de manera escueta a los medios, afirmó a la salida del juzgado que “hemos ofrecido la información de todas las actuaciones realizadas esos días.

He confirmado lo que dijimos en su momento con todas las comprobaciones que hicimos porque, en este momento, debíamos estabilizar la situación”. La exgerente de Salud se refiere a la rueda de prensa que ofreció el 10 de diciembre de 2020, días después de intervenir el geriátrico (el 28 de noviembre). Los informes de Salud Pública advirtieron de “graves irregularidades” en la aplicación de los protocolos para evitar contagios, como el mal uso de los equipos de protección individual (EPI), la ausencia de sectorización del centro para aislar a los contagiados y la falta de formación del personal.

Farreny recordó ayer que “hay un expediente sancionador abierto a la residencia”. Concretamente, ha sido inhabilitada cuatro años por el departamento de Derechos Sociales para gestionar el centro y multada por Trabajo con 30.000 euros por irregularidades laborales, como avanzó SEGRE el pasado noviembre. Para el abogado de una de las familias acusadoras, que está a la espera de que otras se sumen a la causa, “habría habido más muertos si la Generalitat no interviene la residencia de Tremp”.

Xavier Prats afirmó que “las conclusiones de la policía son claras. Con la documentación que han recopilado se acredita un total descontrol en la residencia, que el plan de contingencia no se siguió, que no se hizo ningún tipo de formación al personal. Alguna trabajadora, que era enfermera del CAP, se ofreció para hacerla, pero lo declinaron”.

Añadió que “Divina Farreny y Elena Badia han explicado que había muchos EPIS guardados bajo llave mientras el personal llevaba solo mascarillas quirúrgicas”, y que “empleados contratados por una empresa de limpieza sin ninguna formación hacían de gerocultores”.Por su parte, el abogado de la directora investigada, Luis Salas, quiso dejar claro, de parte de la fundación Fiella y de su patronato, del “sentimiento de tristeza” y dijo que “rezan por las víctimas”, pero “esto no cambia la absoluta confianza en la inocencia de las dos investigadas”. Añadió que “de momento todo lo que se ha explicado hoy [por ayer] era por manifestación de terceros y hay que escuchar qué dirán los que estaban allí”. “Lo que pasó aquí fue totalmente incontrolable y, además, participaron muchas personas para intentar evitar el desenlace.

Niego el descontrol previo y lo que se produjo después fue absolutamente extraordinario”, sentenció. La próxima semana empezarán a declarar los trabajadores del centro. En cambio, todavía no se ha fijado una fecha para la declaración de las investigadas.